La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) presentó una demanda de acción popular que busca declarar la inconstitucionalidad y, como consecuencia, dejar sin efecto parcial determinados extremos del decreto supremo que regula las multas de Indecopi.
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Entre los aspectos, difundidos por el portal La Contra, por los que la asociación solicita la inconstitucionalidad se encuentran el método de tipo de infracción y tipo de empresa, el factor del tamaño de la empresa infractora y otros cuatros criterios relacionados a las multas de acuerdo a la dimensión de las empresas.
De acuerdo a la demanda, estos aspectos del Decreto Supremo 032-2021-PCM infringen el derecho de la igualdad ante la ley y el principio de legalidad. Consulado por el referido medio, la Asbanc señaló que el decreto es «inconstitucional y discriminatorio» y que «hoy, dos empresas que cometen exactamente la misma infracción reciben sanciones totalmente distintas, solo porque una factura más que la otra».
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Indican, además, que esto hace que el «mercado deje de sancionar conductas y
empieza a castigar capacidad económica». Con ello, este «esquema crea un entorno de incertidumbre jurídica, que castiga el crecimiento, el cumplimiento normativo y la eficiencia». Así, la asociación ejemplificó su medida de la siguiente forma:
Es como si dos personas cometieran la misma falta ―por ejemplo, una difamación― pero la sanción se graduará no por el daño generado, sino por cuánto ganan. Al que tiene menos ingresos le aplican una sanción menor y al que gana más una sanción mayor, sólo por su nivel de ingresos y no por la gravedad del hecho.
