Sindicado como el presunto líder de una organización criminal, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue detenido preliminarmente el jueves 7 de noviembre, junto a otras trece personas, en el marco del caso Los Galácticos.
Según la tesis fiscal, Lozano habría ejercido un control absoluto de la FPF al contar con personas de su confianza en comisiones y gestiones claves. Por ello, es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos.
El máximo representante de la entidad deportiva se habría encargado de proponer directamente a ciertos miembros en la institución para beneficiar a la empresa 1190 Sports, en la explotación de los derechos audiovisuales de la Federación, según la hipótesis del Ministerio Público.
En este contexto, no solo se presume que el procesado se reunió con la compañía chilena antes de la licitación pública, sino que también doblegó la voluntad de clubes opositores forzándolos a aceptar el acuerdo televisivo.
En consecuencia, plantea la Fiscalía, creó la Dirección de competiciones y, a través de ella, la comisión organizadora habría empleado documentos para proponer cambios en el reglamento de la Liga 1 2023. Una nueva normativa que incluía sanciones severas para los clubes deportivos.
Gestiones bajo la lupa
Joel Raffo, presidente del Sporting Cristal y otro de los involucrados, tuvo la responsabilidad de realizar la licitación pública de los derechos televisivos de la Liga 1. Se le sindica de estar al tanto de aparentes irregularidades y aún así aceptar el cargo para conducir el proceso.
Además, según la carpeta fiscal, Raffo Olcese no estaba autorizado para reunirse antes de la licitación con los representantes de la empresa chilena 1190 Sports; sin embargo, gestionó un encuentro y se reunió con ellos en un hotel de San Isidro. También, se le atribuye de proponer la modificación del reglamento de la Liga 1 2023 para imponer sanciones drásticas a distintos clubes.
José Carlos Isla Montaño, Genaro Humberto Miñan Armanza, Gisella Karen Mandriotti Nightingale, Raúl Bao García, Franklin Chuquizuta Alvarado y Juan Quispe Cáceres habrían cumplido con la labor de aprobar en sesiones de la directiva la disposición de los recursos de la FPF en aportes económicos, donaciones, condonación de deudas, exenciones de pago, viajes, y otros conceptos, a diversos clubes de la Liga 1 y 2, ligas departamentales y más, ello en violación de los estatutos de la institución.
Además, formaron parte del directorio que autorizó las presuntas bases irregulares del concurso público sobre derechos televisivos.
Susan Cochón Baldarrago, en su rol de gerente de finanzas, y Fredy Salazar Rondinel, como contador de la institución, tuvieron la responsabilidad de ejecutar los acuerdos de la junta directiva, realizando la transferencia y entrega de aportes económicos a distintos clubes. A su vez, tuvieron pleno conocimiento de que esto era prohibido, según la Fiscalía.
Asimismo, habrían sugerido continuar utilizando los recursos de la FPF para seguir efectuando transferencias a los clubes nacionales, bajo el pretexto de «mantener la estabilidad financiera».
Sabrina Martín Zamalloa, en su rol de secretaria general, tuvo la función de presionar a los clubes de la Liga 1 2023 que se oponían al acuerdo con 1190 Sports. Dichas acciones las habría realizado a través del envió de comunicados y documentos a los representantes de los equipos, en los que advertía de posibles sanciones severas si no permitían el acceso de 1190 a los estadios para la transmisión de los partidos.
También sería responsable de presentar una denuncia fraudulenta ante la Comisión Disciplinaria por presunta infracción del Reglamento Único de Justicia y los Estatutos, en perjuicio de los clubes Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional Esta acción se habría debido a la negativa de estos clubes a aceptar y firmar el documento de conformidad con el modelo contractual.
Sobre Jean Robilliard Ibárcena y Oscar Chiri Gutiérrez, mientras tanto, recae la presunta responsabilidad de manejar la contabilidad para disponer de manera ilícita del patrimonio de la FPF, mediante la distribución de fondos a clubes de la Liga 1 y 2.
Finalmente, Norma Alva Vidal, persona de confianza y cercana al presidente de la FPF, desempeñó la función de vender la indumentaria deportiva sobrante de los partidos de la selección absoluta, así como de gestionar de forma irregular la venta de entradas para encuentros amistosos y oficiales.
Según la tesis fiscal, también fue la responsable directa de coordinar el viaje de personas externas a la delegación peruana, en el marco del partido ante Australia que definía la clasificación al mundial de Qatar 2022.
La imputada no ostenta un cargo que justifique funciones de este tipo, de acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público.
