Con la eliminación del régimen de agro-explotación laboral, el Congreso vuelve a dar respuesta a las demandas de la gente. Lo mismo con la insistencia para el retiro de fondos de la ONP, y la ley de la vacuna COV, no obligatoria en precaución de efectos no controlados sobre los que los fabricantes no dan seguridades.
Crece en medio de eso la convicción de que muchas leyes contrarias al interés nacional se han ido acumulando favorecidas por la Constitución del 93. El cambio constitucional se vuelve ineludible.
A veces se piensa que eso puede hacerse encargando a un grupo de expertos la redacción de un nuevo texto para su aprobación en posterior referéndum; pero un papel escrito vale tanto como otro. Lo importante no es el documento escrito, sino el entendimiento que debe haber entre los grandes grupos nacionales en torno a los asuntos que deben corregirse.
Empezando con acuerdos para reordenar las competencias de los poderes del Estado y la responsabilidad de los Gobiernos Regionales y locales, para que estos no se amarren y bloqueen.
Rediseñar luego los ministerios para que actúen con efectividad ante las pandemias y desastres que seguirán viniendo. Reformar la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, y abordar el problema fatal del urbanismo.
Las ciudades peruanas están hechas no solo para que los virus se disparen y nadie pueda controlarlos, sino para que ocurra lo mismo con la pobreza, la inseguridad, y el deterioro ambiental.
Son así porque nadie las piensa. Son resultado del “libre mercado”, es decir de la completa inutilidad de los gobiernos, favorecida por los “candados” anti-estado típicos de la actual constitución.
Así también necesitamos acuerdos no sobre “la economía” sino sobre la producción. La economía trata de los papeles de la deuda, que es a lo que se dedican los ministros de Economía desde los tiempos de Manuel Ulloa. La producción trata de cómo armonizar los esfuerzos del empresario, del trabajador, y la sociedad para la satisfacción equitativa de las necesidades.
En esa medida se impone tomar en serio a los millones de emprendedores maltratados por De Soto como «informales». El Estado nunca se ha interesado en canalizar la energía de estos grupos hacia metas de producción nacional, y sin embargo ellos son la principal fuerza del país.
También tomar en serio el agro. La minería tiene un rol, pero para los millones de peruanos no hay salida si la agricultura, la sierra, los alimentos, la agroindustria, no cobran prioridad.
Una Asamblea Constituyente tiene que ponerse de acuerdo en estos y otros temas claves que pueden resumirse en dos: cómo gobernar bien la república y cómo movilizar sus energías productivas sin que unas y otras se aniquilen.
Cómo pasamos del gobierno de élites económicas, políticas o tecnocráticas, a una democracia descentralizada, donde la gente pueda hacerse cargo de su destino con la menor íntermediación de las burocracias que lo empantanan todo.
El asunto de contar con una nueva Constitución no es tan trivial como dedicarse a reescribir el catálogo de derechos con ideologías sofisticadas, o pulir el lenguaje de los capítulos del actual texto.
