La campaña del miedo. Quienes se oponen a la reforma (PJ, MP, Procuraduría) dicen que los delincuentes quedarán «impunes», pero no informan que la aplicación abusiva de la Ley contra humildes ciudadanos, micro o pequeños empresarios, o informales (más del 70% en el Perú), permite que el Estado se apodere de sus escasos bienes y herramientas de trabajo.
Para los delicuentes ya existe la incautación y el decomiso de los instrumentos, ganancias y efectos del delito (art. 102 del CP), pero las autoridades fracasan aplicando ese sistema, por ello necesitan un régimen más laxo, flexible, con garantías reducidas, como la Extinción de Dominio. El problema es que en esa «lucha» el Estado no arrasa con los poderosos sino con los que tienen menos recursos para defenderse.
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