Esta semana empezaron gestiones las nuevas autoridades locales y regionales. El contexto social y económico exige de ellos una gestión eficiente y transparente, que persiga el cierre de brechas.
El 6 de diciembre se publicó la Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. Para el presente año, los gobiernos regionales contarán con un presupuesto de poco más de 43,000 millones de soles, mientras que los gobiernos locales contarán con un poco más de 29,000 millones. En ambos casos, es un presupuesto mayor si se compara con sus predecesores; no obstante, ello no es garantía de que se vayan a tener impactos sociales y económicos en el corto o mediano plazo.
Lea también: Los sistemas funcionales y el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
Si bien he abordado en anteriores publicaciones –por este mismo medio–, la necesidad que tienen las nuevas autoridades de conocer las problemáticas ambientales presentes en su jurisdicción para a partir de ello adoptar medidas, debiendo conocer antes sus competencias, hay un aspecto que también resulta importante: el organizacional.
Las autoridades que comienzan esta nueva gestión reciben una jurisdicción que, en algunos casos, puede diferir del que tenían sus predecesores. Así pues, puede haber variado el número de habitantes, las vías locales y nacionales existentes, las características de las actividades económicas y demás. Lo que conlleva a preguntarse si el traje organizacional con el que empiezan es el idóneo para hacer frente a las demandas de sus ciudadanos.
En el 2020, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó la Norma Técnica 01-2020-PCM/SGP/SSAP, la cual tiene por finalidad poner a disposición de las municipalidades modelos de organización, a fin de que adopten el que más se ajuste a sus características y a las necesidades de las personas de su jurisdicción.
Entonces, vemos que la organización con la que cuentan las municipalidades no está escrita en piedra. Los nuevos inquilinos pueden iniciar el procedimiento para rediseñar su organización, debiendo –claro está– observar el procedimiento y los criterios para el diseño.
Ese proceso de cambio no debe ser uno de nunca acabar, sino uno célere. Para ello, cuentan con la Subsecretaría de Administración Pública de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, que realiza el acompañamiento, seguimiento y evaluación de la implementación de los modelos de organización para las municipalidades.
Conocer sus problemáticas y sus competencias deben ser prioridades para las nuevas autoridades, pero también analizar si el traje organizacional que visten es el idóneo para el logro de sus objetivos como gestión.
