La denuncia de discriminación por sordera del abogado Guillermo Sandoval Aguilar contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –por rechazar su admisión a la judicatura después de aprobar los exámenes correspondientes– fue declarada procedente, en forma unánime, por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Fue durante la sexta sesión ordinaria, dirigida por el congresista César Segura (FP) que adoptó la decisión de aprobar el informe de calificación de la denuncia presentada por el agraviado con los documentos probatorios.
Sandoval, que tiene una maestría en derecho procesal, un doctorado por concluir y trabaja desde hace 35 años en el Congreso, ha postulado a la magistratura en más de una ocasión. Empero, en diversas etapas del proceso de evaluación no se tomó en cuenta su condición con discapacidad auditiva. En la última entrevista que se le realizó, señala que el consejero Iván Noguera le hizo preguntas de derecho penal, cuando su especialidad es civil y familia. “Querían evidenciar un supuesto desconocimiento. Desnaturalizaron la evaluación, pues yo ya había aprobado el examen de conocimientos. Las entrevistas son para ver el desenvolvimiento”, señala.
Otras denuncias
Por otro lado, el grupo de trabajo parlamentario acordó el archivamiento de 23 denuncias constitucionales por distintas razones, entre ellas que los denunciantes no son los directamente afectados; por no ceñirse a la Constitución, o al Reglamento; por ser imprecisas; no contar con la documentación respectiva o no ser parte de sus competencias.
En ese sentido, fueron declaradas improcedentes la denuncia formulada por la ciudadana Ligia Lydia Torres Alemán contra el exministro del Interior, Carlos Basombrio Iglesias; la de los ciudadanos Enrique Bernal Solano, Ceferino Delgado Flores, Julio Alvarado Medina y Jacinto Marquina Saltavatierra, contra miembros del Tribunal Constitucional; la de Luciano Ortiz Tarrillo contra la congresista Marita Herrera Arévalo (NA); también la formulada por el legislador Manuel Dammert (NP) contra los exministros de Energía y Minas, Cayetana Aljovín Gazzani y Gonzalo Francisco Tamayo Flores; entre otras.
Los miembros de la comisión votaron en contra de una propuesta de la presidencia del grupo de trabajo que consideró procedente una denuncia de un grupo de ciudadanos contra sus integrantes y de la Comisión Permanente.
La congresista Karina Beteta (FP) sostuvo que no se puede acusar a un legislador por opinar en determinada línea, porque para eso han sido elegidos representantes y que sería un mal precedente. En el mismo sentido opinó el congresista Javier Velásquez Quesquén (CPA) y Juan Sheput (PPK). La denuncia fue archivada por mayoría.
Por otro lado, fue anulada la votación de cuatro delegados de sendas denuncias constitucionales por no cumplir el proceso reglamentario que establece el artículo 89 del Reglamento del Congreso en el sentido de que los nominados deben estar debidamente informados de su designación con anticipación.
Eso no ocurrió con el congresista Luis Galarreta (FP) y entonces se optó por desarrollar el tema procedimentalmente para la próxima sesión.
El legislador había sido propuesto para delegado de la acusación constitucional contra el ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
Fuente: Congreso de la República
