Para todos aquellos que se están preparando para rendir su examen Profa 29 les dejamos aquí estas 14 preguntas sobre la acción penal, acción civil y objeto procesal del ítem 4 del temario del Profa 29.° ¿Se animan a resolver las preguntas?
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Preguntas tipo Profa sobre acción penal, acción civil y objeto procesal
1. Sobre la acción penal:
a. Se busca que el juez se pronuncie sobre un hecho que se considera delito y que se aplique la ley penal a quien es responsable del mismo.
b. Se puede definir como un derecho subjetivo, tomando en cuenta que el afectado puede acudir directamente ante un órgano jurisdiccional cuando se trate de delitos de persecución privada.
c. Se dirige contra persona física determinada.
d. Todas las anteriores son correctas.
2. Es el acto procesal mediante el cual se interpone la pretensión procesal penal, consistente en una petición fundada dirigida al órgano jurisdiccional, para que imponga una pena y una indemnización a una persona por un hecho punible:
a. Formalización de la investigación preparatoria.
b. Denuncia penal.
c. Acusación fiscal.
d. Auto de enjuiciamiento.
3. En qué momento se ejercita la acción penal:
a. Cuando la notitia criminis llega a conocimiento de la autoridad.
b. Cuando el fiscal formaliza investigación preparatoria.
c. Cuando el juez apertura proceso.
d. Cuando el fiscal formula acusación.
4. Para establecer la naturaleza pública o privada del ejercicio de la acción penal, el legislador debe tener en cuenta lo siguiente:
a. El contenido del bien jurídico protegido.
b. El grado de lesión o puesta en peligro del interés protegido, de tal manera que la levedad de la agresión determina poner en manos del propio afectado la decisión de exigir responsabilidad.
c. Que el fin último es obtener una indemnización.
d. a y b son correctas.
5. Marque la alternativa incorrecta respecto de la acción civil:
a. Pertenece al ofendido y forma parte del derecho privado.
b. No puede transmitirse a terceros y los herederos no tienen la obligación de responder por el ofensor.
c. Se puede entablar contra persona física o jurídica.
d. Tiene como fin obtener una indemnización.
6. Respecto a las causales de improcedencia del principio de oportunidad y acuerdo preparatorio:
i. Después de haber sido condenado por falta dolosa, incurre en una nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de 3 años.
ii. Cuando sin tener la condición de reincidente o habitual se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores dentro de los últimos 5 años de su última aplicación.
iii. Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último delito
a. Solo ii es correcto.
b. La alternativa i es incorrecta.
c. ii y iii son correctas.
d. Todas son correctas.
7. Es la facultad conferida al Ministerio Público de abstenerse de la acción penal, cuando concurran los requisitos señalados en la ley (art. 2 CPP):
a. Principio de oportunidad.
b. Acusación directa.
c. Proceso inmediato.
d. Formalización de la investigación preparatoria.
8. Institución procesal de carácter consensual consistente en la búsqueda de coincidencia de voluntades del imputado y de la víctima. Salida alternativa al proceso penal para determinados delitos:
a. Principio de oportunidad.
b. Acusación directa.
c. Acuerdos reparatorios.
d. Terminación anticipada.
9. No es un delito en el que proceden los acuerdos reparatorios:
a. Estafa.
b. Apropiación ilícita.
c. Lesiones leves.
d. Robo.
10. Nombre que reciben las denuncias por delitos perseguibles por acción privada:
a. Denuncia.
b. Querella.
c. Demanda.
d. Acción.
Marco es imputado por delito de estafa en agravio de Javier. Durante la investigación preparatoria, Javier se constituyó en actor civil. En la audiencia de control de la acusación de la etapa intermedia, el juez de la investigación preparatoria —en aplicación del control formal que regula el artículo 352 del Código Procesal Penal— decidió devolver la acusación al Ministerio Público. Sostiene que, si bien la acusación solicita una pena privativa de libertad de cuatro años, no solicita ni especifica el monto de la reparación civil que deberá dictarse en la sentencia; por lo tanto, incumple el requisito regulado por el art. 349.1.g del Código Procesal Penal.
11. ¿Es correcto el control realizado por el juez?
a. Sí. De conformidad con el CPP, el fiscal es el único titular de la acción civil acumulada al proceso penal.
b. Sí. El CPP mantiene la figura adhesiva del fiscal en el ámbito de la acción civil; esto significa que en el proceso penal pueden coincidir la solicitud del fiscal y la del actor civil.
c. No. Una vez que Javier se constituyó en actor civil está obligado a ejercer la acción indemnizatoria en la jurisdicción civil.
d. No. El CPP señala que, si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación de la Fiscalía. El llamado a solicitar la reparación civil en la etapa intermedia es Javier. El artículo 349.1.g del CPP solo se aplica a la acusación cuando no existe actor civil constituido.
El fiscal provincial archiva una denuncia por apropiación ilícita porque no existen elementos que vinculen al imputado con la comisión del delito. Posteriormente, el agraviado vuelve a presentar esa denuncia por los mismos hechos, pero lo califica como hurto agravado.
12. En el ámbito de sus funciones, el fiscal provincial:
a. Procederá a archivar dicha denuncia porque ya hay un pronuncia- miento previo y este ha adquirido la calidad de cosa decidida.
b. Procederá a investigar si en la denuncia se adjuntan nuevos elementos de investigación que acrediten la vinculación del hecho con el delito.
c. Procederá a archivar dicha denuncia porque no es delito denuncia- do correcto.
d. Procederá a investigar, pese a que la denuncia no cuente con nuevos elementos de investigación que acrediten la vinculación del hecho con el delito.
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos lleva adelante una investigación contra Fernando Pérez, pues se le imputan actos de conversión y transferencia de activos procedentes de la minería ilegal. Para realizar estos actos de lavado, Fernando Pérez se sirvió de la empresa Lavatodo SAC, en cuyas cuentas se depositan las ganancias obtenidas.
Asimismo, Fernando Pérez adquirió diversos inmuebles de gran valor económico. La empresa tiene como accionistas formales a personas distintas a Fernando Pérez; sin embargo, este es el administrador de hecho de la persona jurídica. Formulada la acusación fiscal, y después de iniciado el juicio oral, Fernando Pérez falleció, y se extinguió la acción penal. Debe precisarse que el fiscal no solo había ejercitado la pretensión punitiva contra Fernando Pérez, sino que también había requerido el decomiso de los inmuebles y que se le imponga una sanción administrativa a la persona jurídica.
13. Respecto a la posibilidad de imponer la sanción administrativa de la persona jurídica, señale la respuesta correcta:
a. No podrá imponérsele sanción administrativa alguna, dada la extinción de la acción penal y su naturaleza de consecuencia accesoria.
b. No podrá imponérsele sanción administrativa alguna, en tanto Fernando Pérez no era accionista de la empresa Lavatodo SAC.
c. La sanción administrativa puede ser impuesta por el órgano administrativo competente.
d. Las causas que extinguen la acción penal contra la persona natural no enervan la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, por lo que podría imponérsele cualquiera de las medidas administrativas previstas en la ley, en el marco del proceso penal.
Conforme al artículo 40 de la Ley 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional, se establece que la responsabilidad administra-tiva de toda persona jurídica es autónoma respecto a la responsabilidad penal de una persona natural y que las causas que extinguen la acción penal contra la persona natural no enervan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
14. Respecto a los bienes cuyo decomiso se requirió, señale la respuesta correcta:
a. El decomiso de los bienes deberá requerirse en un proceso autónomo de pérdida de dominio.
b. Dada la extinción de la acción penal, los bienes quedarán en poder de los sucesores de Fernando Pérez.
c. La acción de decomiso se extinguió junto a la acción penal.
d. Los bienes podrían ser embargados para cautelar la pretensión resarcitoria del Estado.
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