El Poder Judicial (PJ) se desmarcó de las declaraciones emitidas por el juez superior Oswaldo Alberto Ordoñez Alcántara, de la Corte Superior de Justicia de Lima, durante su participación en una audiencia pública realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH).
En la sesión, que tuvo como tema principal la «Situación de la independencia judicial de las Américas», el magistrado cuestionó la labor parlamentaria y expresó diversas opiniones sobre las instituciones públicas; entre ellas, las siguientes:
En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa el Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público.
¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público, maniatando a los jueces y fiscales, en su lucha contra el crimen organizado, y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos.
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Un día después de la emisión de dichos comentarios, la institución presidida por Javier Arévalo compartió un comunicado, a través de sus plataformas institucionales, y aseguró que Ordóñez Alcántara acudió en representación de una entidad privada:
El Poder Judicial precisa que dicha postura no constituye opinión institucional. Es de conocimiento público que el juez Ordóñez Alcántara ha participado en dicha audiencia en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, persona jurídica de Derecho Privado.
En otro momento de su intervención, el magistrado alertó que las distintas normas aprobadas, a manos de una «mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo», afectaron la fiscalización sobre actores y partidos políticos:
Esta mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo han promulgado leyes que modifican los plazos de prescripción; que recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz; que impiden la incautación de bienes o materiales usados en la minería ilegal; que excluyen a todos los partidos políticos de toda responsabilidad penal; promueven impunidad para terroristas y exmilitares; obligan que los allanamientos se realicen con presencia del abogado del allanado, y establecen una nueva tipificación del delito de crimen organizado.
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Ordoñez Alcántara afirmó que estas medidas han generado el aumento de la delincuencia y la inseguridad en el país. Poco después, se refirió a la creación de proyectos de ley que servirían para «criminalizar la función jurisdiccional y fiscal»:
Pretenden crear en el seno del Congreso de la República una comisión de fiscalización de la labor jurisdiccional de los jueces y fiscales. Asimismo, recientemente han aprobado la Ley 32130, mediante la cual facultan a la Policía Nacional del Perú la conducción de la investigación preliminar del delito, contraviniendo expresamente el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú.
A su vez, también advirtió sobre la Ley 32153, sobre la cual señaló que reduce «el ámbito de protección de los derechos fundamentales» al solo considerar las decisiones de la Comisión IDH en los casos en que el Perú es parte. Además, agregó:
Esta ley prohíbe medidas cautelares y la ejecución inmediata de las sentencias en los procesos en que el Congreso de la República es parte. […] En síntesis, no se respeta el principio de separación y equilibrio de poderes y, por ende, se atenta frontalmente contra el Estado de Derecho y la democracia.
@lpderecho #Juez cuestiona duramente al #Congreso y al #Gobierno ante la #Comisión Interamericana de Derechos Humanos #ComisionIDH
