La titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios, Nayko Coronado Salazar, emitió una decisión final en el proceso seguido contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez.
La jueza dictó 8 años y 3 meses de pena privativa de la libertad contra Álvarez por el delito de colusión, por haber recibido US$ 2,6 millones a cambio de favorecer a la empresa Odebrecht. Álvarez participó en la audiencia de lectura de sentencia por videoconferencia. La sentencia se cumpliría el 10 de setiembre de 2027.
La sentencia condenatoria incluye a otros siete exfuncionarios del gobierno regional, quienes además deberán pagar en forma solidaria una reparación civil de S/ 10 millones. El 80 % de este monto deberá ser abonado por Álvarez.
Se exoneró de responsabilidad penal a tres exfuncionarios: Roger Francisco Carranza Quiñones, encargado del área de Fiscalización; y Ángel Rondan Ramírez, subgerente de administración financiera, por insuficiencia probatoria; y a Moisés Ángeles Obregón, subgerente de supervisión, por duda razonable.
En su acusación, el fiscal anticorrupción Elmer Chirre concluyó que Álvarez y otros 10 funcionarios del gobierno regional de Áncash otorgaron de manera irregular la buena pro de la obra “Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis” al Consorcio Vial Carhuaz San Luis.
Este consorcio estaba conformado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.
La sentencia será leída en su integridad el viernes 21 de junio.
