El Ejecutivo aprobó la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), este martes 3 de febrero de 2026, como parte de una reforma integral del sistema penitenciario y juvenil, orientada a enfrentar los problemas estructurales de seguridad y resocialización en el país. La iniciativa planteó la creación de una nueva entidad que asumiría de forma progresiva la gestión de los centros de internamiento.
Según informó RPP, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, confirmó que el proyecto de decreto legislativo sería presentado hoy ante el Consejo de Ministros. «El proyecto va a ser llevado al Consejo de Ministros el día de hoy y confiamos en que esta semana ya tengamos aprobado el decreto legislativo», señaló.
El titular del sector explicó que la iniciativa contempla la desaparición del INPE y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que integrará también al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej). De acuerdo con Martínez, el objetivo es eliminar las actuales «condiciones criminógenas» que se mantienen dentro de los establecimientos penitenciarios y que afectan la seguridad ciudadana.
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En diálogo con RPP, el ministro remarcó que la reforma no se limita a un cambio de denominación. «No estamos hablando de un cambio de nombre, sino de la desaparición de esta entidad y la creación de una nueva con otra estructura», precisó.
Entre las principales modificaciones administrativas, Martínez destacó la eliminación del Consejo Nacional Penitenciario, el cual será reemplazado por un Jefe de la Superintendencia. Esta figura, según explicó, permitirá adoptar decisiones con mayor rapidez y eficiencia, evitando los retrasos propios de los órganos colegiados.
