El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expresó su preocupación ante la reciente aprobación en primera votación del texto sustitutorio que modifica el proceso de extinción de dominio, regulado por el Decreto Legislativo 1373. La entidad señaló que esta herramienta ha sido clave para recuperar bienes ilícitos y destinarlos al servicio público, con 5000 procesos en curso y 3177 bienes acumulados desde su implementación hasta 2024.
Según el MINJUSDH, retornar al sistema de pérdida de dominio implicaría un retroceso significativo en la lucha contra la criminalidad organizada, ya que este sistema había demostrado ser ineficiente.
Actualmente, el Pronabi administra los bienes incautados, beneficiando directamente a miles de ciudadanos al reinvertir estos recursos en iniciativas de progreso social y económico.
Comunicado
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expresa su preocupación por la reciente aprobación, en primera votación, del texto sustitutorio que modifica el proceso de extinción de dominio contemplado en el DL N° 1373
– La extinción de dominio es una herramienta legal clave para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita y destinarlos al servicio de la ciudadanía. Bajo la legislación vigente, 5000 procesos están en curso, enfocados en incautar bienes vinculados a actividades ilicitas. La modificación aprobada representaría un quiebre en la lucha contra la criminalidad organizada ya que implicaría retornar al sistema de pérdida de dominio, la cual no fue eficiente. Desde la vigencia del DL N° 1373 al 2024, se tiene un acumulado de 3177 registros de bienes administrados por el Estado, demostrando ser una herramienta jurídica eficaz en la lucha contra los patrimonios ilícitos.
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– Actualmente, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) administra los bienes recuperados, destinándolos al beneficio de miles de peruanos. Este sistema no solo asegura que los bienes ilícitos sean retirados del circuito delictivo, sino que también convierte esos recursos en oportunidades para el progreso del país. Perder esta capacidad afectaría directamente a las comunidades que más necesitan de estas iniciativas.
Reiteramos nuestro compromiso de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Consideramos que este debate es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos pendientes. Desde el sector, seguimos dispuestos a dialogar y construir consensos que aseguren un marco legal sólido, eficiente y alineado con los intereses del país.
Lima, 17 de diciembre de 2024
