Lo que comenzó como un proyecto para modernizar la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) terminó convertido en un símbolo del abandono y la mala gestión.
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En 2013, la universidad inició la construcción de nuevas aulas, oficinas, servicios higiénicos y un auditorio, con una inversión superior a los S/ 5.2 millones. Sin embargo, en octubre de 2014 la obra se paralizó con solo un 35.89 % de avance, muy lejos del 100 % programado. El contratista se retiró sin justificación y el contrato fue resuelto, dando paso a una demanda de arbitraje que concluyó recién en 2018.
En 2024, la Contraloría General de la República emitió el Informe de Control Específico n.° 033-2024-2-0222-SCE, donde concluye que lo ejecutado y pagado representa un perjuicio económico de S/ 2.1 millones para la universidad.
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El informe señala que dos exfuncionarios de la UNT, que estuvieron en el cargo entre 2013 y 2015, aprobaron y tramitaron pagos por nueve valorizaciones sin advertir múltiples incumplimientos contractuales, tanto por parte del contratista como del supervisor de obra.
La Contraloría detectó, por ejemplo, que en seis de esas valorizaciones pagadas no se adjuntaron los informes de control de calidad exigidos, los cuales debían incluir certificados sobre materiales y trabajos ejecutados.
Asimismo, se comprobó que tres de los siete profesionales propuestos como parte del equipo técnico del contratista no participaron en el proyecto, y que se pagaron partidas que no fueron ejecutadas en los plazos correspondientes o que fueron mal ejecutadas, como ocurrió con las instalaciones sanitarias.
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El caso se agrava con los resultados de dos estudios técnicos posteriores: uno realizado por un consultor en 2022 y otro por la Escuela de Ingeniería Civil de la UNT en 2023. Ambos coinciden en que lo construido no puede ser recuperado y recomiendan la demolición total de la estructura, que lleva más de diez años expuesta a la intemperie y al deterioro progresivo. La infraestructura nunca llegó a ser utilizada por los estudiantes.
El informe de la Contraloría también identifica presunta responsabilidad penal en tres integrantes del consorcio ejecutor de la obra, y en los dos exfuncionarios mencionados. Toda la documentación ha sido remitida a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales correspondientes. Además, el caso ya está disponible en el portal institucional de la Contraloría y en su Buscador de Informes de Control.
Este episodio deja al descubierto las consecuencias de una supervisión deficiente, la falta de controles adecuados y la fragilidad de la gestión pública en las obras de infraestructura educativa. Mientras tanto, cientos de estudiantes de la Facultad de Derecho siguen esperando por espacios dignos para su formación profesional, y el país acumula un nuevo caso emblemático de ineficiencia y posible corrupción.
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