Días bastante agitados se viven en el contexto internacional, que nos han remontado al siglo pasado. Una nueva versión de la Guerra Fría parece establecerse, pero claro, con determinadas particularidades. Por un lado, Estados Unidos ya no goza de la posición predominante exclusiva en la economía global –siendo desplazado por China–; y por el otro, Rusia ya no es la Unión Soviética y no tiene el radio de influencia militar tan fuerte como en aquellos años.
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El último sábado 14 de abril, el gobierno estadounidense presidido por Donald J. Trump, anunció un ataque conjunto con Francia y Reino Unido contra Siria. El pretexto, como viene siendo una constante en las intervenciones de este país, fue el uso de armas químicas ilegales contra los civiles, atrapados en la crueldad de una guerra civil. La mayoría de organizaciones humanitarias y de derechos humanos han condenado este ataque, que viola flagrantemente el derecho internacional.
En primer lugar, el supuesto ataque con armas químicas contra la población civil de Douma ocurrió el día 7 de abril, iba a ser investigado por la Organización para la Prohibición de Armas Química (OPAC), con el propio beneplácito del gobierno sirio de Bashar al-Ásad; esto finalmente se vició debido a los ataques perpretados por Washington. En ese sentido, el Ministerio de Exteriores de Siria denunció que la agresión contra el país árabe se ha llevado a cabo con el objetivo de impedir el trabajo de los expertos, que justamente llegaban a Damasco para realizar la respectiva investigación sobre el supuesto ataque químico.
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El embajador ruso en Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, señaló ante el Consejo de Seguridad del organismo que en los hospitales de la ciudad no hay pacientes con síntomas de intoxicación ni hay pruebas de suelo que delaten el uso estas armas. En respuesta, Kenneth Ward, representante de Estados Unidos ante la OPAC, ha manifestado su preocupación, al considerar que fueron los rusos quienes pudieron haber manipulados las pruebas del armamento químico. Como resultado de esta disposición estadounidense, se lanzaron más de 100 misiles contra Siria, con el apoyo militar de Francia y Reino Unido.
Respecto a “los buenos, nuevos e ‘inteligentes’ misiles en Siria”, que debían bombardear la ciudad, según el presidente de los Estados Unidos; un senador ruso aclaró la situación y confirmó que habían controlado los ataques: “Si Trump quería probar en acción sus inteligentes misiles, los sistemas soviéticos fueron en general más inteligentes”, comentó en su cuenta de Twitter. Alexéi Pushkov señaló que las tropas sirias pudieron derribar 71 de los 113 misiles lanzados contra el país el 14 de abril.
Trump había anunciado que la embestida militar no era otra cosa que “ataques de precisión”, contando con la anuencia de la primera ministra británica, Theresa May, quien señaló que no había alternativa al uso de la fuerza en Siria y que había autorizado la participación de su país para “degradar las capacidades de armas químicas del régimen e impedir su uso”. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que no se puede “tolerar la banalización del empleo de armas químicas”.
Desde una perspectiva jurídica, se debe ser enfático al señalar que estos ataques fueron realizados sin autorización previa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; violando abiertamente lo dispuesto en la Carta de Naciones Unidas sobre la prohibición del uso de la fuerza. Como recordó el reconocido internacionalista Farid Kahhat en su última columna: “el uso de la fuerza sólo es legal bajo dos circunstancias: en defensa propia ante un ataque armado o con autorización del Consejo de Seguridad, con el fin de neutralizar amenazas contra la paz y la seguridad internacionales”. En el primer caso, amparado por el artículo 51 de la Carta; y en el segundo, por el Capítulo VII. Ninguna de estos presupuestos, evidentemente, se cumplió.
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La inmediata reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la grave situación, culmino con el rechazo a la propuesta rusa de emitir una resolución que condene el ataque en Siria. Estados Unidos se ha remitido a la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, suscrita en 1997, por 192 Estados entre los que están Siria o Rusia (y exceptuando a Israel); no se ha comprobado el uso de armas químicas en el incidente del 7 de abril ni se dejó, por la vías correspondientes, proseguir con la investigación de la OPAC que llegue al fondo del asunto. Si aquellos que son miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad son los que perpetran estos atropellos al derecho internacional, podemos decir que nos encontramos una situación de completa ilegalidad.
