Las ciudades latinoamericanas tienen altos índices de urbanización, hoy es el 80% y en el 2050 sería 90%.
El Perú promueve el acceso a la propiedad formal desde 1996 con la creación de COFOPRI. Sin embargo, todavía tenemos transacciones informales sobre propiedad tanto en asentamientos precarios como en zonas urbanas de mayor renta. Según CAF-Banco de Desarrollo para América Latina, «tener una carencia de seguridad en la tenencia de la vivienda es un problema que afecta al 22% de los hogares en el Perú, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde 1996 para promover la regularización de la propiedad».
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Discrepo. El porcentaje es mayor pues no se han inscrito muchos “segundos actos” en lotes titulados. Existe una “reversión a la informalidad” y el Estado debe encontrar la manera de enfrentarla. Razón para apoyarse en un catastro único y evaluar promulgación de legislación especial.
Existe una agenda pendiente para mejorar la identificación y gestión de los derechos de propiedad. Por ejemplo, unificar la legislación sobre uso y gestión del suelo (ver Proyecto de ley 1797/2017-CR); actualizar la Ley 27157, aplicable a edificios y condominios, para promover la organización de las juntas de propietarios informales y que puedan enfrentar la morosidad, principal problema en el régimen de “propiedad horizontal”; fortalecer el Sistema Nacional de Catastro, Ley 28294, para alcanzar el ansiado catastro único y de libre acceso; que la información gráfica o literal antigua del Registro de Predios de Sunarp sea digitalizada y georreferenciada, esto ayudaría en los problemas de duplicidades, superposición, linderos incorrectos, etc.
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La urbanización representa un gran desafío para el Estado en todos sus niveles y una oportunidad para los profesionales del derecho, pues subyace a dicho escenario una connotación jurídica vinculada al adquirente, quien debe estar informado de sus derechos pero también de sus obligaciones.
