El coronel PNP en retiro Harvey Colchado presentó al Congreso una propuesta legislativa orientada a fortalecer la lucha contra la extorsión. La iniciativa busca modificar el Código Penal para incorporar la producción, posesión y difusión de mensajes extorsivos como un «delito de peligro», con el fin de que las autoridades puedan actuar, incluso en los casos donde las víctimas no se atrevan a denunciar por temor a represalias.
Colchado explicó que la actual normativa impide a la Policía Nacional y al Ministerio Público investigar a los extorsionadores sin denuncia previa. A través de su cuenta en la red social X, el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) sostuvo lo siguiente:
Este vacío es gravísimo; por eso, el proyecto busca que todo aquel que produzca o posea material extorsivo pueda ser neutralizado de inmediato, cortando la cadena criminal antes de que cause más daño.
La propuesta fue formalizada mediante la Carta 02-2025-HJCH/EP, remitida el 9 de octubre al entonces presidente del Congreso, José Jerí. En el documento, se indica que la ola de violencia derivada de actos extorsivos exige la adopción de medidas legislativas «serias, viables y factibles» que otorguen a las autoridades herramientas efectivas para frenar la criminalidad.
Asimismo, Colchado recordó que el artículo 200 del Código Penal configura la extorsión como un delito de resultado, al requerir que la amenaza condicione efectivamente a la víctima, lo cual «limita la persecución penal».
En esa línea, plantea la creación de un tipo penal autónomo que sancione la producción, posesión, difusión o almacenamiento de mensajes extorsivos, transformando la extorsión en un delito de peligro abstracto.
Lima, 09 de octubre del 2025
CARTA N° 02-2025-HJCH/EP
Señor:
José Jerí Oré
Presidente del Congreso de la República
Presente.-
Asunto: Propuesta legislativa para enfrentar la ola extorsiva mediante la incorporación del delito del peligro por mensajes extorsivos.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente y, ante el inminente avance de la ola criminal violenta derivada de actos extorsivos, manifestarle la urgente necesidad de adoptar medidas legislativas serias, viables, factibles y deseables que fortalezcan la respuesta del Estado frente a este fenómeno delictivo que viene afectando a comerciantes, transportistas, empresarios y ciudadanos en todo el país.
En ese sentido, y producto de un estudio técnico desarrollado junto a mi equipo especializado, propongo que desde su despacho se promueva un Proyecto de Ley que incorpore el delito de producción, posesión y difusión de mensajes extorsivos como delito de peligro, otorgando a la Policía Nacional y al Ministerio Público una herramienta eficaz para neutralizar la actividad criminal incluso cuando las víctimas no presentan denuncia por temor a represalias.
Actualmente, el artículo 200 del Código Penal regula la extorsión como un delito de resultado, exigiendo acreditar que la amenaza condicionó efectivamente a la víctima. Sin embargo, esta configuración resulta insuficiente y genera impunidad estructural, pues la sola existencia de audios, mensajes o fotografías amenazantes no permite formular imputaciones penales sin la intervención de la víctima, pues aquel transportista, comerciante, dueño de negocio, cobrador de combi o ciudadano de a pie que se gana con mucho esfuerzo el día a día para llevar un pan a su familia, en su mayoría prefiere no denunciar por temor a represalias, atentados o cualquier tipo de venganza.
Aprovechando estas situaciones, las organizaciones criminales someten a la población a amenazas, extorsión y violencia sistemática, generando una regularidad delictiva que en un Estado democrático no puede seguir tolerándose.
[Continúa…]
