El Poder Ejecutivo emitió un pronunciamiento en el que reafirmó su defensa del Estado de derecho y la Constitución. La declaración se dio tras la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026.
En el comunicado, cuestionó al Ministerio Público por exceder sus competencias al intentar, según indicó, «judicializar la política» y atribuirse la facultad de decidir qué partidos, como Fuerza Popular, pueden participar en el proceso electoral. El Ejecutivo advirtió que dicha función corresponde únicamente al sistema electoral y no a la Fiscalía de la Nación.
Asimismo, destacaron que la presidenta de la República, en presencia de las autoridades del sistema electoral, formalizó la convocatoria a los próximos comicios y que las elecciones «deben llevarse a cabo en un ambiente de paz, hermandad y patriotismo». Asimismo, expresaron que los peruanos debemos «elegir a nuestras próximas autoridades con un voto libre y soberano».
El Ejecutivo también cuestionó el accionar del Ministerio Público. De acuerdo con el comunicado, advirtieron:
La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral.
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Este pronunciamiento, se produce luego de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentara ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema una solicitud para que el partido político Fuerza Popular sea declarado ilegal, por supuestamente haber incurrido en «conducta antidemocrática».
De acuerdo con el escrito, Fuerza Popular habría desarrollado actividades contrarias a los principios democráticos, lo que implicaría una «vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales». Entre los hechos atribuidos se señala el «promoviendo atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión».
Asimismo, la Fiscalía argumentó que el partido habría incurrido en prácticas internas que atentan contra la libertad de conciencia, al «promover la exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política».
Pronunciamiento
Los poderes del Estado y los organismos autónomos, constitucionalmente constituidos, tenemos el deber de consolidar nuestra democracia, asegurar el normal desarrollo del próximo proceso electoral y generar confianza dentro y fuera de nuestro país. Por lo que, como Poder Ejecutivo, expresamos a la opinión pública lo siguiente:
Desde el 7 de diciembre de 2022, luego del golpe de Estado, el Poder Ejecutivo se ha mantenido con firmeza en defensa del estado de derecho, la institucionalidad, la Constitución y nuestra democracia.
Por ello, con presencia de las autoridades del sistema electoral, la presidenta de la República convocó a elecciones generales para el próximo 12 de abril de 2026. Elecciones que deben llevarse a cabo en un ambiente de paz, hermandad y patriotismo, en el que todos los peruanos podamos elegir a nuestras próximas autoridades con un voto libre y soberano.
Este hecho trascendental para la democracia de nuestro país no puede ser empañado por una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, pero que continúa en su afán de pretender judicializar la política.
La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral.
Los peruanos hemos tenido, en los últimos seis años, seis presidentes de la República, situación que nos ha llevado a una crisis económica, política y social de la que estamos saliendo. Somos testigos de que ese no es el camino que debemos seguir. Por el contrario, debemos continuar en la búsqueda de nuestro desarrollo, consolidando la economía y fortaleciendo la confianza del país para obtener mayores y mejores inversiones, siempre dentro del camino democrático.
Acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades. Son los ciudadanos quienes, mediante un voto libre en las urnas, decidirán a nuestros próximos representantes.
Lima, 19 de setiembre del 2025
Secretaría de Comunicación Social PERÚ
