El fiscal José Domingo Pérez presentó un informe dirigido al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, en el que da cuenta de que nueve congresistas fujimoristas habrían incurrido en el delito de violencia contra la autoridad, regulado en el artículo 266 del Código Penal, por haber obstruido el allanamiento realizado el pasado 7 de diciembre a los locales de Fuerza Popular.
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En el documento, que fue publicado por El Comercio, el fiscal a cargo de la diligencia, señala que los parlamentarios Luz Salgado, Héctor Becerril, Alejandra Aramayo, Miguel Ángel Torres, Elard Melgar, Víctor Albrecht, Rosa María Bartra (presidenta de la Comisión Lava Jato), Úrsula Letona y Karina Beteta irrumpieron en plena diligencia en los inmuebles del partido ubicados en la avenida Paseo Colón, en el Centro de Lima, y en el jirón Los Morochucos, en Santiago de Surco.
Literalmente, el agente del Ministerio Público le informa a Pablo Sánchez que “se presentaron constantes actos de intimidación por parte de los señores congresistas de la República hacia los fiscales que intervinieron, para doblegar la voluntad fiscal e impedir la ejecución de la resolución judicial de allanamiento, registro domiciliario e incautación”.
Como se recuerda, la medida de allanamiento fue autorizada por juez del Primera Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho.
El informe adjunta como pruebas, copias de audios y vídeos.
