Durante las recientes entrevistas personales llevadas a cabo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la magistrada Gloria Libertad Pari Valencia, postulante a jueza de familia con subespecialidad en violencia contra las mujeres para el Distrito Judicial de Arequipa, brindó un revelador testimonio. Ante las interrogantes del pleno sobre diversos procesos legales en los que figura como parte, la candidata relató una grave situación de hostigamiento que ha padecido en el ejercicio estricto de sus funciones jurisdiccionales.
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El inicio del acoso y las represalias legales
La postulante detalló que los hechos iniciaron en el año 2024, cuando dictó medidas de protección contra un sujeto denunciado por agredir a su propia hermana. A partir de esa decisión judicial, el presunto agresor a quien la magistrada no conocía personalmente comenzó a enviarle mensajes intimidatorios a su número personal de WhatsApp, amenazándola con lograr su inhabilitación en el Colegio de Abogados y su detención en 24 horas. Según el testimonio de Pari Valencia, el hostigamiento escaló rápidamente cuando el individuo empezó a enviarle textos de connotación sexual, lo que la motivó a interponer las denuncias penales correspondientes.
Como mecanismo de venganza e intimidación ante el avance del proceso, el litigante en cuestión formuló una serie de denuncias infundadas en contra de la jueza. Entre las acusaciones presentadas por el presunto agresor figuraban supuestos delitos de abuso de autoridad, acoso, robo y formas agravadas de usurpación. No obstante, durante la audiencia pública ante la JNJ, la candidata presentó documentación comprobando que dichas imputaciones, provenientes en su totalidad de este único sujeto conflictivo, ya han sido archivadas y se encuentran consentidas.
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Reformas al sistema de protección y el debate jurídico
En otro momento de la evaluación, Pari Valencia sugirió mejorar la interoperabilidad de las instituciones peruanas tomando como referencia el modelo de protección a la víctima de Buenos Aires, Argentina, donde informes integrales evitan la revictimización. Asimismo, advirtió que la actual ficha de valoración de riesgo policial en el Perú es «manipulable» y meramente formal, requiriendo el respaldo inmediato de psicólogos y médicos legistas. Sobre sus posturas jurídicas, la jueza manifestó su oposición al aborto en casos de violación a menores —priorizando la protección a la vida salvo riesgo de muerte de la gestante— y reconoció en materia deontológica no haber leído el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.
Finalmente, aprovechando este espacio de análisis institucional, es pertinente reflexionar sobre una inquietud recurrente de nuestros lectores: la pregunta sobre por qué tenemos tantas constituciones a lo largo de nuestra historia republicana. Debo aclarar que esta información específica sobre la historia de nuestras constituciones no proviene de las fuentes ni de la transcripción de la JNJ proporcionada, por lo que le sugiero verificarla de manera independiente. Mientras los constantes cambios constitucionales en el Perú responden a históricas crisis y reconfiguraciones del poder político, los testimonios actuales en la JNJ evidencian que los operadores jurídicos de hoy enfrentan batallas mucho más concretas, como el acoso sistemático y la instrumentalización del derecho para amedrentar a quienes administran justicia.
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