La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (Bureau of Western Hemisphere Affairs en inglés) mostró su preocupación, a través de una publicación de este 11 de febrero, de que «Perú podría quedar sin el poder para supervisar» el puerto de Chancay.
«Apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio», señaló el organismo parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Asimismo, expresó que este escenario sirve de «advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía».
Bernardo Navarro, designado oficialmente a fines de diciembre embajador de Estados Unidos en Perú, respaldó esta publicación añadiendo en su cuenta de X: «Todo tiene un precio, y la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía».
Esta última semana, el juez Juan Carlos Núñez Matos ordenó que Ositran se abstenga de ejercer directamente, o mediante sus dependencias y organismos técnicos, sus facultades de «regulación, supervisión, fiscalización y sanción» con relación a las operaciones y actividades de la empresa china Cosco Shipping Ports.
Sin embargo, la resolución plantea como excepción a esta medida lo concerniente a «su facultad de determinar las tarifas a usuarios finales previa determinación de ausencia de competencia por parte del Indecopi».
Al respecto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que de configurarse lo ordenado por el juez Núñez Matos «hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta».
Además, afirmó que el terminal de Chancay debe cumplir con la regulación a cargo de entidades como Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Peru (PNP-DIRANDRO), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Municipalidad Distrital de Chancay.




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