El presidente electo del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, en una entrevista concedida a Caretas se ha pronunciado en torno a los problemas más acuciantes que tendrá que enfrentar desde el primero de enero de 2017. Así, los problemas que despuntan son los vinculados a los magistrados supernumerarios (a los que se tacha de falta de imparcialidad e independencia) y los bajos haberes que perciben los trabajadores del Poder Judicial (que ha motivado la huelga que padecen hoy los litigantes).
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Sobre los jueces supernumerarios el doctor Duberlí Rodríguez propone que en lugar de convocar a abogados litigantes se llame a los relatores y secretarios de sala:
–¿Y los provisionales?
–Su nombre conforme a la norma es de supernumerarios. Son 797, que hacen el 26.2% del total. Son abogados libres, invitados. No pasaron ningún concurso del CNM. Por ahí se abre la ventana de actos irregulares. Tengo una propuesta muy práctica: en lugar de llamar a abogados de la calle utilicemos los que tenemos en el PJ. Los relatores y secretarios de sala. Los conocemos, tienen experiencia judicial y podemos confiar en ellos. Tomaremos un acuerdo para que todas las Cortes del país les den prioridad.
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Sobre los bajos sueldos que perciben los trabajadores judiciales, el magistrado piurano tiene las cosas claras. La fuga de talentos es inminente si los salarios son «bajisimos»:
–¿Qué tan bajos son los sueldos?
–Bajísimos. La mayoría, unos 17 mil, están en el CAS, y son los menos favorecidos. En Essalud están llegando a un arreglo. El promedio es S/ 800. Un asesor del TC, del CNM, no gana menos de S/ 10 mil. Mi secretario de confianza gana S/ 3,500. Cuando ganan en experiencia, los estudios jurídicos se los llevan.
Bonus
Y no podían faltar sus consideraciones sobre la reforma procesal penal:
–¿Qué pasa con lo que falta de la reforma procesal penal?
–En Lima costaría S/ 1,000 millones, casi el presupuesto de un año del PJ. Ese presupuesto de S/ 2056 millones no es para el PJ, sino que incluye al Ministerio Público y el Sistema de Defensa Pública. Entra todo. Tiene que incrementarse en gran número los fiscales porque ellos son los protagonistas de la reforma procesal penal. Si no se otorga el presupuesto total que pedimos de S/ 3,109 millones tenemos parada la reforma. Empezó en Huaura en el 2006. Ahora la tenemos en 28 Cortes de 33, pero nos falta Lima y Callao, que son la mitad del país. En el resto, el promedio de un proceso penal es de 13 meses. Ya es un gran avance. Con el viejo modelo el promedio es tres años. Necesitamos la decisión política de nuestros gobernantes.
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–¿Y si no?
–Tenemos que ser creativos. Por ejemplo, en Lima norte empezamos con un plan digital piloto en el 2013 pero solo hemos logrado digitalizar 14 mil expedientes del área laboral, lo que es bastante modesto. La Justicia comercial fue muy apoyada por el sector privado. ¿Por qué no puede apoyar en las demás áreas? El área tributaria también estaría lista. Y de ser necesario tocaré las puertas de la cooperación internacional. Acompañé al actual presidente del PJ (Ramiro de Valdivia Cano) a la reunión con el ministro Alfredo Thorne, para hablar de la bonificación que reclaman ahora los trabajadores. Finalmente hicieron una oferta de S/ 2600 de bono y los trabajadores están discutiendo si lo aceptan. El ministro me dijo con toda claridad que el gobierno tiene mucha simpatía por el expediente digital y que están aptos para firmar con el Banco Mundial y obtener préstamos.
