El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco (ICAC) presentó ante la Corte de Justicia de Lima una demanda de acción popular para «declarar ilegal e inconstitucional el Reglamento Disciplinario y, en específico, el llamado Procedimiento Disciplinario Inmediato» de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La institución sostiene que este reglamento infringe la garantía de reserva de la ley, que establece que cualquier procedimiento sancionador debe estar regulado expresamente por una norma de mayor jerarquía. Además, señala que fue aprobado mediante una resolución administrativa de la propia JNJ, lo que se consideraría como una norma de inferior categoría y, por ende, inconstitucional.
Añade que este viola el principio de legalidad procesal consagrado en la Constitución y en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene el derecho a ser oída en un proceso previamente establecido por la ley.
Sumado a ello, la Orden cuestiona la introducción de la figura del Procedimiento Disciplinario Inmediato, el cual permite, ante la configuración de una «conducta notoriamente irregular con prueba evidente» o una «flagrante falta disciplinaria muy grave», un proceso que no necesite de la investigación preliminar.
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A su vez, la celeridad del referido proceso «tampoco otorga las garantías mínimas para los administrados como la proporcionalidad, razonabilidad, adecuada defensa, igualdad de armas, entre otros».
Por lo tanto, consideró que la JNJ realizó «una extralimitación de sus atribuciones», al usar su potestad para crear un procedimiento nuevo, y generó un «riesgo de arbitrariedad»:
El Procedimiento Disciplinario Inmediato, al permitir que la JNJ destituya a jueces y fiscales sin realizar una investigación preliminar, también genera un riesgo de arbitrariedad, pues elimina una garantía procesal fundamental establecida en la Ley.
JNJ abrió procedimiento disciplinario contra 5 jueces supremos
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició, el último 24 de febrero, un procedimiento disciplinario inmediato contra la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, y los jueces supremos Omar Toledo Toribio, Liliana Dávila Broncano, Ricardo Corrales Melgarejo y Carlos Calderón Puertas.
El caso, que tendrá como miembro instructor a Gino Ríos Patio —presidente de la JN —, está relacionado a la labor de los magistrados durante su paso por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
