Una ciudadana que trabajaba como cajera en una entidad bancaria, cuya sede se encuentra ubicada en el distrito de Surquillo, fue condenada a 11 años de prisión efectiva por fraude informático agravado y falsificación de documentos.
La mujer cobró indebidamente un pago del programa social Bono 600 que le pertenecía a un hombre de 55 años. Para ello, efectuó transacciones en ausencia del beneficiario, falsificó su firma y realizó una transferencia a un tercero.
El Bono 600 es una medida de protección económica, equivalente a S/600, otorgada por el Estado a hogares en situación de vulnerabilidad, a nivel nacional, que se encuentran en nivel de alerta extrema debido al contagio de la COVID-19.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Jonathan Portilla Vela de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro.
De acuerdo con la acusación fiscal, la ahora sentenciada aprovechó indebidamente su posición, utilizando el sistema y el manejo de información confidencial, lo que constituye una circunstancia agravante en el delito de fraude informático.
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Como parte de la sentencia, la ciudadana deberá abonar S/2600 como concepto de reparación civil, así como una multa equivalente a 400 días cuyo monto total asciende a S/3416.
