Luego de varias semanas de escuchar a diario audios que revelan la profunda corrupción existente en nuestro sistema de administración de justicia, resulta pertinente analizar el impacto que estos escándalos tendrán en la solución justa de controversias pendientes entre la administración tributaria y los contribuyentes, ya sea pequeños, medianos o grandes.
Aquéllos que venimos estudiando la materia tributaria por más de veinte años podemos afirmar que en los últimos siete u ocho años se ha desarrollado, a nivel judicial y administrativo, un sesgo dominante a favor del fisco para la solución de controversias, es decir, tanto el Tribunal Fiscal como el Poder Judicial revelan en varios de sus fallos un sesgo muy fuerte en contra de los contribuyentes y la empresa privada, con argumentos que difícilmente soportarían un análisis lógico o técnico-legal.
A este sesgo se ha sumado en los últimos años, una suerte de estigmatización contra la mediana y gran empresa (que paradójicamente, sostienen la recaudación tributaria) como “culpables” de “evadir” o “eludir” obligaciones tributarias y de no pagar “grandes deudas”; así como una extraña y poco razonable proactividad de la administración tributaria, cuyos Procuradores impugnan activamente aquellos pronunciamientos del Tribunal Fiscal, de la propia Sunat y de los ministerios en los que se le da la razón al sector privado o al contribuyente de a pie… por increíble que parezca.
Esta situación de inequidad, se ha agravado mucho más, con la publicitada difusión de “los audios de la corrupción”, logrando un gran impacto en casi todas las esferas de administración de justicia.
En momentos en que cientos de litigios gestados durante más de quince años están cerca de resolverse en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, resulta pertinente preguntarse: ¿garantizarán los jueces una objetividad que permita aplicar criterios razonables y estudiados para su resolución, a pesar del riesgo que significa darle la razón al contribuyente o la empresa privada?, ¿Un fallo a favor de los contribuyentes podría estigmatizarse como parte de la corrupción vigente?, ¿superarán el temor a la crítica por la posible acusación de corrupción en sus fallos?
Si no se garantiza un mínimo de objetividad y razonabilidad se podría crear un clima negativo de inseguridad jurídica que impida atraer más inversiones, empleo formal y una mayor y mejor recaudación en los años por venir.
En circunstancias como la que vivimos, es muy importante hacer un llamado a la reflexión e invocar la necesidad de crear -todos- un ambiente menos agitado, que permita afrontar más serenamente el insólito momento que estamos viviendo en nuestro sistema judicial.
