Al interior de una discoteca en Los Olivos, 13 personas murieron durante una estampida humana que los aplastó. Esta fiesta se realizó pese a la prohibición decretada para prevenir el contagio de la covid-19.
Tras la tragedia, el Poder Judicial dictó detención preliminar contra los investigados Yudith Ortega Godoy y Job Luque Ayala, a quienes se les atribuye ser arrendatarios del local. Sin embargo, Yudith permanece como no habida.
En diálogo con LP Pasión por el Derecho, el abogado de la investigada, Edgar Jhon Vargas, explicó que su clienta tiene cinco hijos y uno de ellos acaba de nacer infectado por la covid-19, por eso prefiere no acatar la medida impuesta.
«(Mi clienta) prefiere amamantar a su bebé que someterme a la acción de la justicia, pesa más defender la vida del menor. No podemos priorizar un castigo penal versus la posible muerte de un bebé de diez días de nacido», aseguró para este medio.
Durante la entrevista, el abogado aclaró que su clienta no es dueña del local, pues no firmó el contrato de arrendamiento 2020 y tampoco se encontraba en el lugar de los hechos.
Es decir, Yudith Ortega solo firmó un contrato de arrendamiento en 2019, pero nunca renovó el documento, de manera que la responsabilidad recaería sobre su expareja Job Luque, el arrendador durante el 2020, según el abogado.
«El señor Job sí estaba en el lugar de los hechos, él ha fugado, ha escapado y después se ha puesto a derecho. Hay vídeos que sí evidencian a él, al tal Juancho (cantante de música chicha) y otros. De mi clienta no existe el vídeo. Eso es básico para emitir un juicio sobre una persona», sostuvo el letrado.
Mira aquí la entrevista completa:
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¿Otras responsabilidades?
Tras la tragedia se han formulado diversas líneas de investigación. Por un lado, el Ministerio Público pidió detener por tres días a los supuestos «dueños» del local Thomas en Los Olivos para asegurar el éxito de los primeros actos de investigación y evitar posibles fugas. Un juez aceptó ese pedido y decidió que lo mejor era encerrarlos por esos días.
Sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) también investiga a los suyos. Inspectoría General de la PNP abrió una investigación contra los policías que participaron en la intervención de aquella noche.
Sobre esto, el experto en derecho policial, Juan José Santivañez, aseguró que durante la intervención existieron ordenes verbales para acceder a la discoteca. De acuerdo con su opinión, el capitán a cargo de la intervención no pudo haber tomado la decisión de acceder, ya que no tiene esa prerrogativa:
«Un oficial capitán no toma la orden de entrar, esa es la verdad, un capitán no toma la orden de entrar porque no tiene la jerarquía operativa para dar esa orden. Y lo digo ante las cámaras. Estoy absolutamente convencido que han existido ordenes verbales, una orden verbal puede realizarse por teléfono o incluso por radioperador», aseguró con firmeza.
El especialista indicó que se tendría que averiguar quién brindó la orden verbal. «Es uno de los elementos de más difíciles probanza en el ámbito disciplinario», comentó.
