Walter Benigno Ríos Montalvo, actual presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, involucrado en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en la denuncia que hiciera pública IDL Reporteros el fin semana, ha emitido un comunicado, difundido por TV Perú, en el que solicita que se inicie investigación contra los funcionarios que habrían autorizado su interceptación telefónica.
En el texto propalado por ese medio periodístico, el magistrado titular se pronuncia por primera vez sobre la referida denuncia que incluye grabaciones de conversaciones con consejeros del CNM:
He tomado conocimiento de la existencia de una interceptación telefónica a mis comunicaciones, sin tener ninguna investigación penal que me haya sido notificada formalmente. Por esta razón, he pedido por escrito a la Fiscalía Suprema de Control Interno, asumir competencia de la investigación en la cual se ha levantado inconstitucionalmente mi derecho al secreto de las comunicaciones, como es mi caso. […]
De conformidad con la normativa citada, he presentado un pedido formal a la Fiscalía Suprema de Control Interno que garantice mis derechos y se encargue de realizar las investigaciones que correspondan, toda vez que ha sido una Fiscalía incompetente la que ha violentado mi derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, infringiendo inclusive el deber de confidencialidad al que obliga el art. 15.2 de la Ley 37007. La vulneración de dicho deber se demuestra con la difusión de audios que se me atribuyen en un conocido medio de prensa.
Como corresponde, expreso mi plena disposición y contribución con la investigación penal que corresponda, solo pido que esta se realice en el marco de los derechos y garantías que la Constitución y las leyes me reconocen.
Tras la publicación de la denuncia, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) comunicó que dispuso el inicio de una investigación disciplinaria en contra Walter Ríos, por los presuntos hechos graves denunciados.
Asimismo, precisó que la OCMA solo tiene competencia para investigar a jueces de paz hasta jueces superiores. No tiene competencia, pues, para investigar casos de presuntas irregularidades cometidas por jueces supremos u otras autoridades.
