El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, y el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas, fueron retirados del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, pese a que ambos continúan en condición de prófugos de la justicia.
Desde el 24 de abril, el rostro del exgobernador no figura en la página administrada por el Mininter. Sin embargo, hasta octubre del año pasado se ofrecían S/500 000 a cambio de información que facilitara su captura.
En marzo de este año, el Tribunal Constitucional anuló por mayoría la condena que enfrentaba Cerrón Rojas por negociación incompatible en el caso La Oroya. Meses antes, en diciembre de 2024, el mismo tribunal dejó sin efecto otra sentencia por el Caso Aeródromo Wanka, que le imponía tres años y medio de prisión efectiva.
Si bien no cuenta actualmente con una condena penal firme ni inhabilitación para ejercer cargos públicos, continúa vigente una orden de prisión preventiva en el marco de su investigación por presuntos aportes ilegales a las campañas de Perú Libre.
Juan Silva, exministro de Transportes durante la gestión de Pedro Castillo, también ha sido retirado del mismo programa, donde figuraba con una oferta de S/50 000 por información que ayudara a su ubicación.
Silva es investigado por presunta organización criminal en el caso Puente Tarata, una licitación que, según la Fiscalía, fue direccionada a favor de determinados consorcios a cambio de sobornos.
De acuerdo con la tesis fiscal, tanto Silva como el expresidente Castillo habrían liderado una red delictiva que operaba desde el MTC, manipulando procesos de contratación pública mediante la designación de funcionarios afines. En marzo pasado, la justicia rechazó la solicitud de Silva para anular las órdenes de captura y prisión preventiva dictadas en su contra.
La exclusión de ambos personajes del Programa de Recompensas contrasta con la permanencia de otros prófugos, como es el caso del exjuez César Hinostroza. Según el Diario El Comercio, la salida de Cerrón y Silva del registro se debe a la ausencia de una requisitoria vigente. Por ello, sería necesario que el Poder Judicial emita una nueva orden de captura a fin de que puedan ser reintegrados al programa.
