La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) del Poder Judicial en Ica sancionó con quince días de suspensión a una servidora judicial por incurrir en una «omisión grave» de funciones durante un periodo superior a cinco años.
La decisión fue adoptada en el marco de la investigación disciplinaria 00781-2023 y confirmada en segunda instancia, luego de que se declarara infundado el recurso de apelación presentado por la trabajadora sancionada. La sanción se impuso por su actuación como especialista judicial en la Segunda Sala de Apelaciones y Liquidadora de Ica.
Según lo establecido por la ODANC, la trabajadora no cumplió con promover el trámite del expediente judicial a su cargo, omitiendo cualquier acto procesal desde el año 2017 hasta fines de 2022, situación que afectó directamente la ejecución de un fallo judicial, por lo que se precisó:
La medida disciplinaria fue adoptada tras constatarse una omisión grave en el impulso procesal, al no haberse emitido ningún acto procesal entre el 20 de octubre de 2017 —fecha de la sentencia— y el 6 de diciembre de 2022. Esta omisión generó la imposibilidad de ejecutar los mandatos contenidos en la resolución.
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De acuerdo con lo informado, la falta detectada vulneró disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial y del Reglamento que regula el Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales, configurando una infracción por incumplimiento injustificado de los plazos funcionales.
