El Colegio de Abogados de Lima (CAL) anunció, el sábado 5 de octubre, que iniciará de oficio un proceso disciplinario contra la congresista de la bancada Bloque Democrático Popular, Susel Paredes. Además, afirmó que la abogada cobró un beneficio y utiliza servicios de la institución.
En un primer comunicado, firmado por el Decanato y la Dirección de Ética Profesional, la entidad señaló que la congresista «ha afectado seriamente la reputación» de la institución. La publicación aludió a una declaraciones de Paredes, en las que manifestó que «está harta de estar obligada a pertenecer al Colegio de Abogados» y que «un montón de plata se lleva el Colegio de Abogados».
La institución consideró que dichas afirmaciones no solo perjudican la «integridad de la institución, sino que también distorsionan la importante función que cumple en la protección del estado de derecho».
Ante ello, el Comité de Administración de la Caja de Previsión Social del Abogado del CAL sindicó a la parlamentaria de cobrar, el 19 de julio de 2024, un beneficio por prestación de retiro. Un monto que, según la institución, «equivale a más del 100% de sus aportes en 30 años como abogada».
Asimismo, indicó que Paredes usa servicios exclusivos para los agremiados, como la reserva de bungalows en el Centro de Esparcimiento de Chosica.
«Esto demuestra que, además de recibir beneficios económicos, la agremiada sigue utilizando los servicios del Colegio, lo que contradice sus declaraciones», argumentó el Comité. Además, solicitó a la Dirección de Ética Profesional que considere los mencionados hechos para las acciones disciplinarias.
El Decanato y la Dirección de Ética Profesional del CAL indicó que ha implementado una sólida estrategia para recuperar el reconocimiento de la institución y restablecer la confianza del público:
Comportamientos como los mencionados no solo desprestigian a los abogados de Lima, sino también al honorable Colegio de Abogados, cuyos integrantes han sido defensores activos del progreso de la República.
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Por último, la institución expresó que sus miembros deben cumplir con los más elevados estándares de conducta profesional, tal como lo estipula el Código de Ética del Abogado. En ese sentido, señaló que «cualquier incumplimiento será rigurosamente investigado y sancionado, a fin de proteger la integridad de la abogacía y preservar la confianza de la sociedad».
