El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, dictó impedimento de salida del país por 36 meses contra Susana Villarán en el marco del proceso por presunta asociación ilícita y lavado de activos. En la misma audiencia, rechazó el pedido fiscal para prohibirle comunicarse con testigos y coacusados.
La solicitud fue formulada por el Ministerio Público en agosto de 2022 y estuvo pendiente de resolución durante casi tres años. La audiencia se llevó a cabo este jueves 10 de julio de forma presencial en la Corte Superior Nacional, aunque Villarán participó de manera virtual.
Durante la audiencia, el juez Chávez Tamariz afirmó que «este es uno de los casos con mayor connotación en dimensión de hechos y delitos en esta Corte». El requerimiento fue sustentado por el fiscal José Domingo Pérez como necesario para evitar el riesgo de fuga y garantizar la sujeción procesal.
Por su parte, Villarán aseguró que «prácticamente» se encuentra en su domicilio legal «todo el tiempo». «Yo me allano al impedimento de salida del país. No he tenido ese interés ni voy a huir ni nada», detalló.
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Asimismo, calificó de «bastante grave» el argumento fiscal que sostenían la existencia de un riesgo procesal en su contra. «Está diciendo que yo no me voy a comunicar […] porque hay una persona que ha fallecido en este proceso [José Miguel Castro], una persona a la que yo he conocido y con la que he trabajado», expresó.
El juez rechazó el pedido fiscal de prohibirle a Villarán comunicarse con testigos y coacusados, señalando que esa medida no era proporcional en esta etapa. En consecuencia, se dictó únicamente el impedimento de salida del país, manteniéndose el resto de medidas de comparecencia restrictiva.
El caso se vincula a presuntos aportes de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht a las campañas municipales de 2010 y 2014. La imputación fiscal sostiene que los fondos se canalizaron mediante contratos simulados, consultorías ficticias y entregas en efectivo.

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