En un caso que marca un precedente, la fiscal provincial Nadielka Torres Silloca fiscal provincial del 2do despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, logró una sentencia condenatoria contra Lizeth Jennifer Valencia A. por agresiones físicas y psicológicas en agravio de su hija, una menor de iniciales M.I.A.R.V (17)., mujer trans. quien se identifica como Yennifer.
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El caso, que destaca por la protección de la identidad de género de la víctima, se registró el 11 de septiembre de 2023, cuando la sentenciada agredió físicamente y psicológicamente a su hija en inmediaciones de un terminal de transporte público, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, tras una discusión motivada por el rechazo a su orientación sexual y su identidad como mujer trans.
La acusada no solo ejerció violencia física, jaloneándola y golpeándola en su mano, lesiones que requirieron incapacidad médico-legal 1 x 4 de incapacidad médico legal, sino que también sometió a la menor a humillaciones constantes al negarse a reconocer su nombre social, llamándola por su nombre biológico para menoscabar su dignidad.
Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la imputada se acogió a la conclusión anticipada, reconociendo su responsabilidad penal. El juzgado dictó una reserva de fallo condenatorio bajo estrictas reglas de conducta por el periodo de un año y seis meses.
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La sentenciada deberá someterse a un programa especializado de control de ira, impulsos y agresividad, realizar el pago de una reparación civil a favor de la agraviada y debe acudir cada tres meses ante el juzgado a firmar. En caso de incumplimiento, la madre será recluida en un centro penitenciario por un periodo de 1 año, 9 meses y 15 días.
Con este resultado, el Ministerio Público reafirma su compromiso inquebrantable con la protección de los grupos más vulnerables y la erradicación de los prejuicios dentro del núcleo familiar.
Remarcar que la identidad es un derecho fundamental y que ningún acto de intolerancia y violencia, provenga de varones o mujeres, quedará impune bajo el amparo de la Ley N° 30364.
Con información del Ministerio Público Fiscalía de la Nación
