El 34 Juzgado Civil de Lima declaró inadmisible la demanda presentada por la empresaria Sada Goray Chong, quien solicitaba que el Ministerio Público la indemnice con un $1 000 000 por supuestos daños y perjuicios derivados de su detención preliminar en el marco del caso Vivienda.
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De acuerdo con el expediente 06652-2025-0-18A5-JR-CI-34, la demanda fue dirigida contra el Ministerio Público, representado por su Gerencia General, y señalaba de manera expresa a la fiscal superior Marita Barreto Rivera y al fiscal Freddy Niño Torres como responsables de vulnerar sus derechos constitucionales. El órgano jurisdiccional estuvo a cargo de la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa.
En su escrito judicial, la empresaria alegó que las medidas adoptadas carecieron de fundamentos legales. Asimismo, sostuvo que la intervención se habría ejecutado con exceso, afectando su derecho a la libertad personal y al debido proceso.
Goray Chong afirmó que la detención y las diligencias fiscales ocasionaron perjuicio a su imagen pública, así como a sus negocios y vida personal, por lo que consideraba justificada una reparación económica equivalente a $1 000 000.
La acción se tramita de manera independiente a la investigación penal que sigue su curso en la Fiscalía. Esta investigación forma parte del caso Vivienda, en el cual se indagan presuntos actos de corrupción y crimen organizado vinculados a contrataciones públicas durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.
