Ayer, poco antes de las 9:30 de la noche, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori Higuchi, fue liberada luego de que el Poder Judicial anulara la medida de detención preliminar en su contra.
El magistrado Octavio Sahuanay fue quien leyó la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Sala Penal Nacional. El colegiado no solo anuló la resolución de Richard Concepción Carhuancho, también lo apartó de la investigación, por que no podrá volver a pronunciarse sobre este pedido de detención.
El tribunal conformado por Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe, cuestionó el fallo de Richard Concepción Carhuancho, indicando que el juez no analizó ni valoró el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez.
«No se valora la totalidad de los elementos de convicción que el fiscal postuló. En consecuencia, el presupuesto de la existencia de razones plausibles para considerar que la persona ha cometido un delito […] no tiene respuesta jurisdiccional al no existir motivación».
El tribunal de la Segunda Sala Penal de Apelaciones manifestó que «esta sala quiere dejar en claro que en casos similares donde el juez no motiva el requerimiento fiscal, ha sancionado dicha omisión con la nulidad. Así lo hemos hecho […] Que se emita un nuevo pronunciamiento solo en el presente incidente».
Más adelante indicó: «No es usual que el juez [Concepción Carhuancho] se remita a los argumentos del fiscal, pues ello nos llevaría a una insólita conclusión: que se resuelve el caso con lo expresado por el fiscal. Ello haría innecesaria la tarea del juez y eso no se condice con el rol que se le asigna al juez en el sistema acusatorio».
Así pues, el Poder Judicial dispuso que el pedido de detención preliminar sea enviado a la mesa de partes de la Sala Penal Nacional, para que un nuevo juez analice este único incidente. El órgano judicial consideró que Richard Concepción Cahuancho no podrá volver a pronunciarse sobre este pedido de detención.
«Debe producirse un reenvío, es decir, la causa debe pasar a otro juez de investigación preparatoria, para que emita un nuevo pronunciamiento solo en el presente incidente. Ello porque, como ya se ha constatado, se producido el conocimiento privado del juez, detectado este aspecto, es obvio que el juez Concepción Carhuancho no puede emitir nuevamente esta resolución.»
Sobre este punto, la sala reflexionó sobre la imposibilidad de que la judicatura pueda decidir sobre causas complejas en 24 o 48 horas, sin violentar la racionalidad de la decisión. Por lo que propuso al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o la Sala Plena de la Corte Suprema, crear un sistema que cuantifique la complejidad del expediente y en función a ella, se fijen plazos para resolver estos casos.
«Mientras no se solucione este problema, se seguirá produciendo casos de ‘copia y pega’ o que el juez recurra a la delegación de funciones a su personal para resolver estos temas tan delicados. Este tema debe ser tomado en cuenta en la reforma del sistema de justicia».
Es importante señalar que la sala no se ha pronunciado sobre el requerimiento fiscal de detención preliminar, sino solo la resolución de Concepción Carhuancho, y así lo señaló expresamente. En consecuencia, la posición de la fiscalía no ha sido mellada con esta decisión jurisdiccional.
En la diligencia de apelación, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, cuestionó la falta de motivación y elementos probatorios para decretar la detención preliminar hace nueve días.
En ese sentido calificó las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Fernando Mifliaccio y Luiz Mameri, como declaraciones «tergiversadas». Los abogados de Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya Cámere y otras tres personas con orden de detención, también insistieron en señalar las supuestas tergiversaciones a declaraciones.
