La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevó a cabo la entrevista a la abogada Johanna Suley Téllez Fernández, en el marco de la convocatoria 004-2025-SN/JNJ para el nombramiento de magistrados. Durante su primera intervención, la candidata expuso sus propuestas para optimizar la ley de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En ese sentido, Téllez sugirió la creación de una ficha de valoración de riesgo única que no genere discriminación y abarque a todas las personas vulnerables, ya que los formatos actuales excluyen a ciertos sectores y solo están dirigidos a niños, mujeres agredidas por sus parejas y adultos mayores.
Durante la revisión de su hoja de vida y trayectoria, la comisión interrogó a la postulante sobre una denuncia por prevaricato que, de acuerdo con el reporte oficial del Ministerio Público, aparecía como derivada a otra fiscalía. Téllez Fernández se defendió asegurando que el caso no ameritó un proceso penal, sino que fue remitido al órgano de control del Poder Judicial (Odecma), donde finalmente se resolvió su archivo, para lo cual ofreció la resolución correspondiente en el acto. En el ámbito académico, aclaró que, aunque es egresada de una maestría en Derecho Constitucional, optó por graduarse en la especialidad de Tutela Judicial de Derechos.
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Control de convencionalidad y procesos constitucionales
En el bloque de conocimientos jurídicos, Chanduví Cornejo formuló una de las preguntas centrales y más rigurosas de la sesión al plantearle el siguiente escenario: ¿Qué pasa si una sentencia de la Corte IDH colisiona con una ley o la Constitución? Ante esta interrogante, la candidata indicó que los fallos del tribunal internacional versan sobre derechos fundamentales, por lo que, de acuerdo con el Código Procesal Constitucional, se debe aplicar un criterio interpretativo a favor de la norma más favorable. Asimismo, Téllez concluyó que en ese supuesto sí cabría ejercer un control de convencionalidad, siempre que la sentencia de la Corte Interamericana tutele de mejor manera el derecho fundamental en cuestión.
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Continuando con el examen dogmático, el doctor Tábara le solicitó explicar cómo se configuran los procesos constitucionales en el ordenamiento peruano. La postulante los dividió correctamente en procesos de la libertad, que incluyen el habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento; y en procesos orgánicos, conformados por la acción popular, inconstitucionalidad y proceso competencial. Además, precisó ante la Junta que la acción popular es conocida por una sala del Poder Judicial y resuelta en última instancia por la Corte Suprema, órgano que actualmente también tiene la facultad de fijar precedentes vinculantes en la materia.
Observaciones sobre la violencia económica
La evaluación de la JNJ culminó con una consulta directa sobre las estrategias jurídicas o institucionales que sugiere para reducir la violencia económica en la sociedad. Téllez Fernández propuso enfocar los esfuerzos del Estado en el empoderamiento femenino, sugiriendo la creación de programas de capacitación técnica y bolsas de empleo que cuenten con el soporte de guarderías, como el programa Cuna Más, para facilitar la efectiva inserción laboral de las víctimas. No obstante, la entrevista concluyó con una observación crítica por parte de la presidencia, la cual le hizo notar a la candidata que su fundamentación se limitó a describir acciones paliativas cuando el daño ya ocurrió, omitiendo por completo proponer medidas enfocadas en la prevención del problema.
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