La Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido un pronunciamiento sobre la coyuntura social que atraviesa el Perú.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PLENA
La SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, en sesión extraordinaria de la fecha, por unanimidad, acordó emitir el siguiente pronunciamiento.
§ 1. El Perú vive momentos dramáticos, de extrema violencia y polarización social y política. El consenso democrático se ha quebrado y las vías del diálogo parecen no contar con mecanismos idóneos y viables de concretarse. En este escenario trágico, como siempre, los que sufren y resultan especialmente perjudicados son las inmensas mayorías nacionales. La colectividad padece los efectos de la intemperancia, en especial en los departamentos del sur y en Madre de Dios, sin que hasta el momento pueda verse una salida viable que garantice los derechos a la vida y a la salud, al libre tránsito, a la tranquilidad y al acceso a los servicios básicos y alimentos. El desabastecimiento, la ruptura de la cadena productiva y los ataques a la propiedad pública y privada, entre ellos de catorce locales judiciales y la destrucción de miles de expedientes, son una consecuencia de esta carencia de valores democráticos y republicanos. Las pérdidas humanas, de ciudadanos y policías, en una cantidad nunca antes vista en tan poco tiempo y que todos lamentamos profundamente, son una consecuencia inaceptable y dolorosa de lo que viene ocurriendo.
§ 2. El Poder Judicial no puede ser indiferente a la violencia, siempre injustificable, e invoca a los poderes públicos a afrontar con realismo, creatividad y desprendimiento, siempre dentro del respeto de la Constitución y la ley, las fundamentales tareas de promover el desarrollo equilibrado de la nación y de restaurar el diálogo y el orden interno del país, asegurando los derechos de todas las personas, sin exclusiones.
Nadie, en estas difíciles circunstancias, puede negarse a contribuir a sentar las bases para la reconciliación nacional. Es un deber de todos aportar ideas con absoluta buena fe y ponderación para conseguir esta meta.
§ 3. Los jueces del Perú, desde nuestras atribuciones y competencias, reafirmamos el compromiso constitucional de actuar con independencia y con profundo apego al ordenamiento jurídico. Somos conscientes de la situación adversa que atravesamos y nos sentimos obligados con la patria y sus anhelos de justicia y progreso con equidad.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben dar ejemplo de respeto a la Constitución, han de reconocer el peligro en que nos encontramos y deben tener presente la inminente deriva autoritaria que puede acarrear su inacción, la falta de perspectivas y la ausencia de consenso. Las organizaciones sociales, especialmente quienes están en la primera línea de las protestas, tampoco pueden desentenderse y sus líderes deben salir al frente y dar ejemplo de madurez y buenos propósitos.
§ 4. Nuestro país requiere de todos nosotros. Pongamos fin a la violencia, a la falta de diálogo y al desorden. Necesitamos paz, democracia y justicia. Ninguna agenda puede sustentarse en la destrucción, en la negación del otro o en la imposición de proyectos incompatibles con el pluralismo y demás valores democráticos.
Lima, 26 de enero de 2023
