La Contraloría General informó que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) pagó una indemnización de US$10 028 467 a una empresa privada tras perder un proceso arbitral internacional. Seis funcionarios y servidores de la entidad afrontan presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado al Estado.
De acuerdo con el informe de control, Pronatel denegó injustificadamente una ampliación de plazo a la empresa y resolvió indebidamente un contrato de financiamiento no reembolsable de más de US$98.5 millones.
El monto en mención estaba destinado a la ejecución de dos proyectos de telecomunicaciones para que las zonas rurales de Piura y Tumbes accedan, entre otras cosas, al servicio de Internet de alta velocidad.
Actualmente, ambos proyectos se encuentran paralizados afectando a 422 comunidades rurales, así como a 428 locales escolares públicos, 254 establecimientos de salud y 35 comisarías, los cuales no pueden acceder al servicio de Internet de alta velocidad porque no se concretó la instalación de banda ancha para su conectividad integral y desarrollo social.
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Ejecución del contrato
Durante la ejecución del contrato, la entidad aprobó seis ampliaciones de plazo, de las cuales cinco estuvieron vinculadas a la problemática que existía para la adquisición de terrenos donde debían construirse los nodos del proyecto de telecomunicaciones, situación que fue considerada como no imputable a la empresa contratada.
De acuerdo a la documentación revisada por la Comisión Auditora, la entidad había reconocido que la falta de saneamiento legal de los predios y el rechazo de la población impedía a la empresa cumplir con el contrato, una situación que se replicaría en todos los proyectos de banda ancha (Internet) de la entidad. No obstante, cuando la empresa presentó una séptima solicitud de ampliación de plazo sustentada en la misma problemática de adquisición de predios, su pedido fue denegado.
En este escenario, la entidad requirió el cumplimiento de las prestaciones contractuales en un plazo no mayor de 15 días, bajo apercibimiento de resolución contractual, lo cual finalmente sucedió. En ese momento, el periodo de inversión de una etapa del proyecto (Red de Transporte) contaba con un retraso de 248 días, mientras que la otra fase (Red de Acceso) tenía 186 días de demora.
Es así que, en mayo de 2019, la empresa solicitó el inicio de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París, y en febrero de 2021 presentó su demanda por incumplimiento contractual y negativa de otorgar una última ampliación de plazo.
En agosto de 2022, el Tribunal Arbitral de la CCI emitió un Laudo ordenando el pago de una indemnización por «lucro cesante» a favor de la empresa, es decir, por las ganancias dejadas de percibir desde que se resolvió irregularmente el contrato, más los intereses generados a la fecha. Entre octubre de 2024 y enero de 2025, el Pronatel cumplió con el pago, lo que constituye un perjuicio económico para el Estado.
Con información de la Contraloría General de la República.
INFORME DE AUDITORIA N° 023-2025-2-6403-AC
RESOLUCION DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS «INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES» E «INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN PIURA» PERIODO: DEL 2 DE JULIO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2025
I. ANTECEDENTES
1.1 Origen
La Auditoria de Cumplimiento al Programa Nacional de Telecomunicaciones – Pronatel, en adelante «Entidad», corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2025 del Órgano de Control Institucional, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 2-6403-2025-001, iniciado mediante Oficio n.° 000101-2025-CG/OC6403 de 25 de febrero de 2025, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 001-2022-CG/NORM «Auditoria de Cumplimiento» y el Manual de Auditoria de Cumplimiento, aprobados mediante Resolución de Contraloría n.° 001-2022-CG de 7 de enero de 2022, y modificatoria1.
1.2 Objetivos
Objetivo General
Determinar si la resolución del Contrato de Financiamiento de los proyectos «Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tumbes» e «Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Piura», y la consecuente transferencia de los bienes, se realizaron conforme a las estipulaciones contractuales y normativas aplicables.
Objetivo Especifico
- Establecer si la resolución del Contrato de Financiamiento de los proyectos «Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tumbes» e «Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Piura», por parte de PRONATEL se realizo conforme a las estipulaciones contractuales y normativas aplicables.
- Determinar si la transferencia de la propiedad de los bienes de los proyectos «Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Tumbes e «Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Piura», se realizó conforme a las estipulaciones contractuales y normativas aplicables.
[Continúa…]
