Durante las recientes entrevistas de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) correspondientes a la Convocatoria 004-2025-SN/JNJ, la abogada Silvia Gabriela Martínez Tamayo, actual fiscal adjunta provincial titular y provincial provisional de familia en Quispicanchi, expuso sus motivaciones para transitar del Ministerio Público al Poder Judicial. Su postulación a una plaza de jueza despertó el interés de los integrantes, quienes indagaron detalladamente sobre las razones detrás de la intención de realizar este trascendental cambio en su carrera profesional luego de varios años de servicio.
En primer lugar, la candidata argumentó que su vínculo con la judicatura no es reciente, ya que en los albores de su trayectoria legal se desempeñó como asistente de juez durante aproximadamente tres años en las provincias de La Convención, Calca y Urubamba. Desde su perspectiva, el haber conocido el funcionamiento interno de ambas instituciones —la Fiscalía y el Poder Judicial— le otorga un «plus» y una ventaja cualitativa para ejercer de manera óptima el cargo de magistrada si el pleno de la JNJ le concede la confianza.
Más adelante en la entrevista, ante la interrogante directa sobre por qué abandonar el Ministerio Público luego de haber ingresado con vocación en el año 2010 o 2012, Martínez Tamayo precisó que se trata de una legítima aspiración de progreso profesional. Explicó que, si bien su vocación siempre ha sido servir a la población, en su institución actual la especialidad de familia no cuenta con muchas plazas disponibles; por ello, postular a la judicatura representa una meta personal para lograr un ascenso en la rama del derecho en la que mejor se ha desempeñado a lo largo de los años.
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El debate constitucional en la evaluación
Es importante señalar a nuestros lectores que, respecto a la pregunta sobre por qué tenemos tantas constituciones en el país, cabe aclarar que dicha interrogante no fue formulada por los miembros de la JNJ durante esta entrevista en particular, por lo que no se registra en la fuente transcrita. Sin embargo, el debate de índole constitucional sí estuvo presente: se centró en la maestría en Derecho Constitucional de la postulante específicamente en su tesis sobre el acceso a la justicia en el alejado distrito de Camanti—
y en la aplicación del artículo 149 de la Constitución Política del Perú, el cual faculta a las comunidades campesinas y nativas a administrar justicia aplicando sus costumbres y en coordinación con la justicia ordinaria.
Finalmente, la evaluación de la magistrada se complementó abordando temas de profunda relevancia sociológica y jurídica para la especialidad de familia, tales como las causas estructurales del incremento de los delitos de violencia contra la mujer. Asimismo, los integrantes y la fiscal intercambiaron posturas sobre la incidencia de conflictos en las uniones de hecho frente a los matrimonios formales, llegando a analizar y debatir sobre figuras históricas como el sirvinacuy andino y su evolución hacia la convivencia contemporánea de las parejas actuales.
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