La política laboral no debería priorizar la agenda de un solo sector. No debería ser la vuelta al “péndulo laboral”, que tanto daño ha hecho a nuestras relaciones laborales.
En el mundo laboral hay un sector que considera que el Ministerio de Trabajo debería ser “el ministerio de los trabajadores”, algo así como pensar que el Ministerio de Educación debería ser “el ministerio de los maestros”. Se trata de un error conceptual pues en educación ese enfoque dejaría de lado, por ejemplo, los intereses de los alumnos, padres de familia y de la ciudadanía en general. Lo mismo ocurre en el mundo del trabajo. En ella participan no sólo trabajadores, sindicatos, empresas, gremios empresariales, sino también están los desempleados, los informales, los autoempleados, los independientes, etc.
Las políticas públicas, especialmente en sectores sensibles como el laboral o educativo, deben procurar armonizar estos diversos intereses y establecer los equilibrios necesarios, priorizando las urgencias nacionales y el bien colectivo, por encima de intereses particulares o gremiales.
El rol del MTPE, en esta visión, debería orientarse al desarrollo de una política laboral con apertura y equilibrio y centrada en las necesidades urgentes del país como la formalización, el desempleo juvenil, el incentivo a la creación de nuevos puestos de trabajo, la capacitación de la fuerza laboral. La política laboral no debería significar priorizar la agenda de un sector. Si se sesga hacía un lado, pierde su razón de ser. Sería como tercerizarla. Es el famoso “péndulo laboral”, que tanto daño ha hecho a nuestras relaciones laborales.
Por ello, cabe preguntarnos ¿Era la norma de tercerización una prioridad urgente?, ¿es equilibrada?, ¿va a generar nuevos puestos de trabajo? ¿Va a generar que más grandes empresas tercericen con MYPES? ¿se ha escuchado a las partes? La respuesta es no. El dato relevante es que la actual gestión ofreció -a diferencia de su antecesor- armonizar los diferentes intereses, utilizando la herramienta del diálogo social a través del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Se ha incumplido totalmente.
Hasta ahora se desconoce las razones porqué se ha obviado esta promesa de apostar por el diálogo social. Tampoco se sabe las razones extraordinarias y urgentes que han llevado a restringir la tercerización, introduciendo el concepto del “núcleo del negocio”, que llevará a revisar -en 180 días- todos los contratos de tercerización, afectando a trabajadores y empleadores.
La norma tiene problemas de forma y de fondo. Por el lado de la forma, existen parámetros que obligan a que un Decreto Supremo (D.S) de carácter reglamentario siga ciertas pautas al interior del Poder Ejecutivo, entre ellas, la discusión formal a nivel de los ministros, viceministros sectoriales o la prepublicación para la opinión de los interesados. Se exige un mínimo de interacción y de transparencia. El no observarlo, tiene consecuencias.
En cuanto al fondo, al definir el “núcleo del negocio”, se ha introducido conceptos subjetivos y restrictivos que no están previstos en la ley y que, por jerarquía normativa, no podían hacerse por decreto supremo. Las definiciones genéricas dejan en manos de un inspector o de un juez definir, caso por caso, qué es el “núcleo del negocio”. La consecuencia de no encajar en las nuevas definiciones ocasionará la desnaturalización de la tercerización, por tanto, procedimientos para pasar a planilla de la empresa principal retroactivamente, desde el inicio de la relación.
Las políticas públicas que nacen sin consensos mínimos o sin la adecuada interacción con las partes, tienen poca sostenibilidad en el tiempo, más aún si se contraponen con la necesidad urgente de generar más puestos de trabajo y de reactivar el empleo. Es una norma que no suma, solo resta.
