La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, estableció una fecha para evaluar la apelación de la Fiscalía contra la resolución que rechaza dictar 36 meses de impedimento de salida del país contra Patricia Benavides, destituida fiscal suprema y exfiscal de la Nación.
El pedido debía revisarse el 12 de junio, sin embargo, la audiencia fue postergada. Esta, finalmente, fue programada para el viernes 5 de julio a las 9:00 a. m.
En detalle
San Martín Castro lideró la sesión previa e hizo hincapié en la extensa documentación que hay en cola. Al respecto, señaló lo siguiente:
Lo que estamos haciendo es reordenamiento del proceso y vamos a disponer desde este momento que se corra traslado y que se le entregue a la defensa toda la documentación presentada por el Ministerio Público y luego ya va a ser en la audiencia correspondiente el debate incluso de los medios de investigación que ha presentado el Ministerio Público.
En consecuencia, la audiencia se posterga, se dispone que se notifique el escrito de ofrecimiento de medios de investigación a la defensa de la señora Benavides. Esta audiencia, entonces, queda prorrogada.
Antecedentes
Como se recuerda, la extitular del Ministerio Público es investigada por los presuntos delitos de organización criminal y otros por el Despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, liderado por la fiscal suprema Delia Espinoza.
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Antes, Juan Carlos Checkley Soria (Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria) señaló, mediante una resolución hoy impugnada por la Fiscalía, que Benavides Vargas no ha mostrado ningún indicio sobre un plan de peligro de fuga:
La investigada ha concurrido a las diligencias fiscales programadas, no pudiendo valorarse en su contra manifestaciones del ejercicio legítimo del derecho a la defensa, como son la interposición de tutelas de derecho, la reprogramación de diligencias o la negativa a entregar voluntariamente su equipo telefónico.
La gravedad de la pena, la magnitud del daño y la supuesta pertenencia a una organización criminal, deben examinarse conforme a la insuficiencia de los elementos de convicción que sustentan el requerimiento y la conducta procesal adecuada por parte de la investigada y su defensa.
