La presidenta Dina Boluarte fue denunciada por segunda vez ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.
La denuncia se hizo pública este martes 20 de agosto. Esta fue presentada por 16 ciudadanos peruanos, entre ellos, la exministra Marisol Pérez Tello (Justicia), el exdefensor del Pueblo Walter Albán, la expremier Mirtha Vásquez, la excongresista Indira Huilca (Nuevo Perú), Diego García Sayán, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el exprocurador Antonio Maldonado, el exembajador Harold Forsyth y otros.
A fines de junio último, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) elevaron una denuncia similar contra la mandataria.
Premier se pronuncia
El origen de la acusación es el reclamo por los 49 ciudadanos que murieron en las protestas de diciembre de 2022 e inicios de 2023, tras el quiebre constitucional del entonces dignatario Pedro Castillo.
En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la primera denuncia ante la Fiscalía de la CPI, el miércoles 26 de junio, y aseguró que se enviaría una comisión especializada a La Haya para defender a la jefa de Estado, a quien se le señala como presunta autora de crímenes de lesa humanidad.
En esa línea, Adrianzén indicó que confía en la comisión de alto nivel que destinará el Estado peruano:
Estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes de este alto tribunal y presentar preliminarmente la posición del Estado peruano respecto a estos hechos. Confiamos en que esta información sea suficiente para que esta denuncia sea rechazada de plano y no se admita.
No obstante, Dania Coz, abogada especialista en Derechos Humanos, hizo una precisión al respecto vía X:
La CPI no recibe «denuncias». Los casos se inician a solicitud de otro Estado, la misma ONU o de oficio por el Fiscal. Lo que se hace es poner en conocimiento del fiscal de una «situación», quien decide si inicia o no investigación, no estando obligado a ello.
Condición de ataque generalizado
La argumentación de la cabeza de PCM también incluyó lo siguiente:
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual el Perú es parte, tiene jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Esta denuncia sostiene que la presidenta habría cometido crímenes de lesa humanidad, una acusación que examina hechos como asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, violación sexual y otros graves delitos.
La sola condición de ataque generalizado y sistemático no se ha presentado y, en consecuencia, en mi opinión, descarta de plano la posibilidad de que esta denuncia pueda ser acogida por la CPI.
