La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo. El exdignatario enfrenta los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.
El proceso se lleva a cabo por el aparente nombramiento irregular de Daniel Salaverry, excongresista de Fuerza Popular y expostulante presidencial (2021), como titular del directorio de Perupetro, en la gestión de Castillo Terrones, «pese a que no cumplía con los requisitos legales para [asumir] el cargo».
El caso
Daniel Salaverry fue designado presidente del directorio de Perupetro el nueve de enero del 2022.
El viernes 21 del mismo mes, la Contraloría General identificó que dicho nombramiento no habría cumplido con los requisitos ni el procedimiento establecido. La evaluación de la entidad se llevó a cabo entre el 6 y 17 de enero.
La comisión de control requirió información sobre la colegiatura, experiencia laboral y habilitación de Salaverry al Colegio de Arquitectos del Perú (La Libertad) y al Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres (USMP)
El primero de ellos informó que el exlegislador se encontraba «inhabilitado» hasta el 9 de nero, fecha de su nombramiento vía El Peruano. Sin embargo, solo un día después, ya figuraba en calidad de «habilitado»
La Contraloría concluyó que la información y documentación presentada por Daniel Salaverry no acreditaría, de forma suficiente, el cumplimiento de la capacidad técnica y profesional en la materia.
