El Ministerio Público dispuso iniciar una investigación preliminar contra excomandantes generales de las Fuerzas Armadas por el presunto delito de omisión de denuncia, en el contexto de las presuntas presiones para ascensos irregulares durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. La decisión fue adoptada por el Tercer Despacho Provincial Penal de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María.
Según la Disposición Fiscal 03, de fecha 22 de enero de 2026, la investigación se sigue contra José Alberto Vizcarra Álvarez y Jorge Luis Chaparro Pinto, «por la presunta comisión del delito contra la Administración de Justicia, en la modalidad de omisión de denuncia, en agravio del Estado». El caso se origina a partir de la denuncia presentada por el exministro de Defensa Walter Edison Ayala Gonzales.
De acuerdo con los hechos imputados, Ayala señaló que mediante las Resoluciones Supremas 028-2021-DE y 032-2021-DE, ambas del 3 de agosto de 2021, se designó a Vizcarra Álvarez como Comandante General del Ejército del Perú y a Chaparro Pinto como Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. Posteriormente, ambos habrían recibido presiones «indebidas» en octubre de 2021 para favorecer ascensos irregulares dentro de las Fuerzas Armadas.
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La disposición fiscal precisa que los investigados «afirmaron haber recibido presiones indebidas en octubre del 2021 por parte de autoridades del Poder Ejecutivo, entre ellas, el expresidente Pedro Castillo y de Walter Edison Ayala Gonzales, supuestamente para favorecer el ascenso irregular de oficiales de las Fuerzas Armadas».
Asimismo, se indica que, tras negarse a aceptar dichas presiones, ambos oficiales fueron retirados de sus cargos mediante las Resoluciones Supremas 104-2021-DE y 106-2021-DE, del 3 de noviembre de 2021. No obstante, la Fiscalía remarca que, pese a haber reconocido estos hechos en el marco de la denuncia constitucional 405-2023, «no denunciaron tales hechos en su momento, cuando aún ejercían funciones, sino recién el 08 de noviembre del 2021, luego de haber sido pasado al retiro».
En ese marco, la Fiscalía dispuso iniciar investigación preliminar por un plazo de 60 días, encargando a la División de Investigación de Denuncias Derivadas por el Ministerio Público la realización de diligencias como la toma de declaraciones del denunciante, de los investigados y de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, así como la recopilación de resoluciones administrativas y otras actuaciones orientadas al esclarecimiento de los hechos.
DISPOSICIÓN FISCAL DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES
DISPOSICIÓN N° 03:
Lima, veintidós de enero del dos mil veintiséis .-
DADO CUENTA: Por recibido el Oficio N° 343-2025-FSP- 4°FPPCLBRJM-MP-FN, de la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima – Breña – Rímac y Jesús María, adjuntando la Disposición de fecha 10 de diciembre del 2025, a través del cual resuelve el recurso de elevación de actuados presentado por Walter Edison Ayala Gonzales contra la Disposicion N° 01 de fecha 04 de noviembre del 2025, en relacion a la investigacion seguida contra JOSE ALBERTO VIZCARRA ALVAREZ y JORGE LUIS CHAPARRO PINTO, por la presunta comision del delito contra con la Administracion de Justicia, en la modalidad de OMISIÓN DE DENUNCIA, en su agravio; y,
I. CONSIDERANDO:
PRIMERO .- De los hechos imputados:
1.1. Conforme se desprende de la denuncia entablada por Walter Edison Ayala Gonzales, ex Ministro de Defensa, quien señala que, mediante Resolución Suprema N° 028-2021-DE y N° 032-2021-DE de fecha 03 de agosto del 2021, se nombro a Jose Alberto Vizcarra Álvarez como Comandante General del Ejercito del Peru, y a Jorge Luis Chaparro Pinto como Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, siendo que, en su condición de altos mandos militares, afirmaron haber recibido presiones indebidas en octubre del 2021 por parte de autoridades del Poder Ejecutivo, entre ellas, el expresidente Pedro Castillo y de Walter Edison Ayala Gonzales, supuestamente para favorecer el ascenso irregular de oficiales de las Fuerzas Armadas. Y, ante su negativa por aceptarlas, mediante Resolución
Suprema N° 104-2021-DE y N° 106-2021-DE del 03 de noviembre del 2021 se les dio por concluido en sus cargos.
1.3. Señala que, conforme consta en la denuncia constitucional N° 405-2023, incluida en la Carpeta Fiscal N° 222-2021, ambos oficiales reconocieron haber sido presionados por dichas autoridades políticas. Sin embargo, no denunciaron tales hechos en su momento, cuando aun ejercían funciones, sino recien el 08 de noviembre del 2021, luego de haber sido pasado al retiro.
SEGUNDO .- Del Ministerio Publico:
1.4. Que el Ministerio Publico en el proceso penal actual tiene una decisiva intervencion, pues es el Organo Constitucional autonomo al que el Poder Constituyente le ha otorgado de conformidad con el artículo 159° de la norma fundamental, la titularidad del ejercicio de la accion penal, la defensa de la
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