El candidato presidencial Paul Jaimes Blanco afirmó que quienes cometen delitos graves como asesinatos en serie o violaciones seguidas de muerte no deberían conservar derechos fundamentales. La declaración fue realizada durante una entrevista concedida a LP, en el programa Tribuna Electoral, espacio difundido en el marco del proceso electoral de 2026.
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Durante la conversación, el postulante sostuvo que su posición se enmarca en una propuesta de endurecimiento de las sanciones penales frente a la criminalidad organizada. En ese contexto, indicó que la determinación final sobre la vida o no de estas personas correspondería al sistema de justicia, precisando que no se trata de una decisión política directa, sino de una eventual aplicación dentro del marco legal.
Postura sobre derechos fundamentales y pena de muerte
En la entrevista, Jaimes expresó que la determinación de vivir o no la va a determinar el Poder Judicial. El candidato añadió en entrevista:
Para nosotros, los seres humanos que se han convertido en delincuentes, asesinos en serie o violadores de menores seguidos de muerte, no merecen derechos, no merecen vivir ni derechos fundamentales como cualquier ser humano.
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Asimismo, al ser consultado sobre su respaldo a propuestas más radicales dentro de su agrupación, señaló que «sí, porque han perdido su humanidad desde el momento que asesinan en serie». En esa línea, sostuvo que un eventual gobierno suyo no implicaría actuaciones fuera del marco legal, indicando que las decisiones se adoptarían conforme al debido procedimiento.
El candidato también planteó la posibilidad de aplicar la pena de muerte en determinados delitos, lo que implicaría, según explicó, el retiro del Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre ello, indicó que esta medida sería utilizada «para delitos muy graves como el sicariato producto del crimen organizado y la violación de menores de edad seguida de muerte».
Propuestas en materia penal y sistema de justicia
En otro momento, Jaimes cuestionó las políticas de resocialización actuales y afirmó: «Esos delincuentes ya no sirven, no hay manera de rehabilitarlos ni resocializarlos». Además, sostuvo que las medidas vigentes no han generado resultados efectivos frente a la criminalidad.
Entre sus propuestas, mencionó la ampliación del plazo de flagrancia de 24 horas a 7 días, señalando que el modelo actual «en la práctica ha fracasado». También planteó la reducción de plazos en investigaciones vinculadas a legítima defensa, indicando que actualmente estos procesos pueden extenderse por varios años.
Asimismo, propuso modificaciones en normas orgánicas del sistema de justicia para establecer responsabilidad en magistrados que no resuelvan dentro de plazos determinados, así como la implementación de procesos más breves en casos específicos donde se alegue legítima defensa.
Mira la entrevista completa aquí:
