La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevó a cabo la entrevista al magistrado Roque Iván Ortiz Manzanedo, postulante a la plaza de juez de familia con subespecialidad en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar para el distrito judicial de La Libertad. Esta evaluación se enmarca en la Convocatoria 004-2025-SN/JNJ, un proceso clave para la designación de operadores de justicia idóneos en una materia altamente sensible para la sociedad peruana.
Durante su presentación inicial, el candidato detalló su trayectoria profesional, destacando su labor actual como juez supernumerario en la especialidad de familia dentro de un módulo corporativo en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con sede en Trujillo. Asimismo, confirmó poseer el grado de maestro en derecho constitucional y administrativo, así como haber cursado el segundo nivel del Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) en el año 2018.
De la política criminal a las nuevas dinámicas de violencia familiar
El primer bloque de la evaluación abordó su investigación de maestría, enfocada en el diseño constitucional de la política criminal del Estado peruano frente a la satisfacción de la víctima. Ortiz Manzanedo explicó que su tesis analizó la problemática histórica en la que los agraviados no veían restituido su derecho al resarcimiento, dado que los jueces de la época no consideraban la reparación civil como una regla de conducta obligatoria para los sentenciados.
Sobre este mismo punto, el postulante reconoció que la jurisprudencia ha evolucionado de manera positiva, pues en la actualidad la Corte Suprema ha establecido mediante plenos que la fijación de la reparación civil como regla de conducta no vulnera la prohibición constitucional de prisión por deudas. De este modo, destacó que hoy en día el pago resarcitorio es una exigencia activa, afectando incluso la rehabilitación legal de quienes acceden a beneficios penitenciarios pero mantienen deudas económicas con sus víctimas.
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Posteriormente, los miembros de la JNJ indagaron sobre su perspectiva respecto a la violencia familiar en agravio de varones. El magistrado indicó que, si bien existe una «cifra negra» elevada debido al machismo imperante en la cultura que dificulta las denuncias masculinas, en la práctica judicial reciente se advierte un incremento progresivo de casos impulsados por hombres contra mujeres. Agregó que esta tendencia también la observa frecuentemente en las demandas de alimentos interpuestas por padres en contra de madres que incumplen su obligación alimenticia.
Las ONG: ¿Aliados técnicos o grupos con agenda política?
Avanzada la entrevista, la evaluación giró hacia un tema de gran debate en la comunidad jurídica actual: la participación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el sistema de justicia nacional. La interrogante formulada por la JNJ buscó conocer la postura del candidato frente a estas instituciones, planteando la disyuntiva sobre si fungen como aliados técnicos o si operan como grupos con agenda política propia.
Para abordar este enfoque central, el postulante ofreció una visión diferenciada según la especialidad jurídica. Indicó que en los procesos de violencia familiar, las ONG actúan como verdaderos aliados técnicos que aportan significativamente, facilitando el seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección y brindando defensa técnica cuando existen carencias de recursos en las víctimas. Sin embargo, sostuvo que en el ámbito del derecho penal su percepción es distinta, ya que muchas ONG operan con una agenda política, interviniendo con un sesgo y alejándose de la neutralidad, basando esta observación en la información difundida por los medios de comunicación.
Finalmente, el magistrado concluyó su intervención manifestándose a favor de la estricta supervisión estatal sobre aquellas ONG que reciben donaciones nacionales o extranjeras. Argumentó que toda entidad que administre recursos debe rendir cuentas sobre su utilización y el cumplimiento de sus fines, recordando que el Congreso aprobó leyes orientadas a la fiscalización de estos fondos, una medida que considera necesaria a pesar de que algunas organizaciones salieron a decir que las estaban persiguiendo.
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