Fundamento jurídico: 3. Pues bien, iniciando el examen de la pretensión de amparo, debemos proceder a contemplar el fundamento material de la garantía y delimitación constitucional de los ámbitos de protección de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE). Para ello hemos de partir de que, no obstante el diferente ámbito de protección del art. 8.1 CEDH y de los arts. 18.1 y 18.3 CE separadamente considerados, señalado ya en nuestras SSTC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6, y 10/2002, de 17 de enero, FJ 5, la injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar, domicilio y correspondencia reconocido en el art. 8.1 CEDH sólo es posible, conforme al art. 8.2 CEDH, cuando esa injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida necesaria en una sociedad democrática para alcanzar un fin legítimo. Tampoco podemos olvidar que nuestra Constitución exige que toda limitación de un derecho fundamental esté prevista en la ley (art. 53.1 CE) y que dicha limitación sea adecuada a las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad, esto es, necesaria para alcanzar un fin legítimo, proporcionada al efecto y, en todo caso, respetuosa del contenido esencial del derecho (por todas, SSTC 181/1995, de 11 de diciembre, FJ 5; 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 9; y 169/2001, de 16 de julio, FJ 4). Y, finalmente, se ha de tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Malone (§ 84), como ya se ha dicho, reconoció que el sistema del «recuento» es por naturaleza distinto a la interceptación de las comunicaciones, pues puede tener una finalidad lícita como es la comprobación de la exactitud de los cargos que se exigen a los abonados, examinar sus reclamaciones o descubrir posibles abusos, mientras que la interceptación de las comunicaciones no es deseable ni lícita en una sociedad democrática. En una sociedad tecnológicamente avanzada como la actual, el secreto de las comunicaciones constituye, no sólo garantía de libertad individual, sino instrumento de desarrollo cultural, científico y tecnológico colectivo. Por ello la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas requiere la interferencia directa en el proceso de comunicación (mutatis mutandi respecto de las comunicaciones postales: STC 70/2002, de 3 de abril) mediante el empleo de cualquier artificio técnico de captación, sintonización o desvío y recepción de la señal telefónica como forma de acceso a los datos confidenciales de la comunicación, es decir, a su existencia, contenido y a las circunstancias externas del proceso de comunicación. De este modo la difusión sin consentimiento de los titulares del teléfono o sin autorización judicial de los datos captados supone la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (STC 123/2002, de 20 de mayo, FJ 5). Decíamos también en la citada STC 123/2002, que la aplicación de la doctrina expuesta conducía a concluir que la entrega de los listados por las compañías telefónicas a la policía, sin consentimiento del titular del teléfono, requiere resolución judicial, pues la forma de obtención de los datos que figuran en los citados listados supone una interferencia en el proceso de comunicación que está comprendida en el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas del art. 18.3 CE. Ahora bien, aunque el acceso y registro de los datos que figuran en los listados constituya una forma de afectación del objeto de protección del derecho al secreto de las comunicaciones, no puede desconocerse la menor intensidad de la injerencia en el citado derecho fundamental que esta forma de afectación representa en relación con la que materializan las «escuchas telefónicas», siendo este dato especialmente significativo en orden a la ponderación de su proporcionalidad. Por otra parte, en la citada STC 114/1984, de 29 de noviembre, ya señalábamos que «no hay secreto para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el art. 18.3 CE la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aún considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones» (FJ 7). Más adelante también se indicaba que «Quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato amplificador de la voz que permite captar aquella conversación a otras personas presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a otros entrase en la esfera “íntima” del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho garantizado en el art. 18.1 CE. Otro tanto cabe decir, en el presente caso, respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica. Este acto no conculca secreto alguno impuesto por el art. 18.3 y tan sólo, acaso, podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. Por lo que a esta última dimensión del comportamiento considerado se refiere, es también claro que la contravención constitucional sólo podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión (art. 18.1 CE). Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este sólo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex art. 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal ex art. 18.1, garantía ésta que, “a contrario”, no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación humana». Pues bien, en el presente caso, no existe vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Es, precisamente, uno de los interlocutores en la comunicación telefónica (el denunciante del chantaje al que se encontraba sometido) quien autorizó expresamente a la Guardia Civil a que registrara sus conversaciones para poder determinar así el número desde el que le llamaban, al no contar con aparato técnico para ello. Como señala el Ministerio Fiscal, no existe prohibición para conocer, por parte de uno de los interlocutores, el número de teléfono desde el que se establece comunicación con él; en otro caso todos los teléfonos que muestran el número desde el que están siendo llamados infringirían el secreto de las comunicaciones amparado por el art. 18.3 CE. A ello cabe agregar que, tal y como se señala en la STEDH de 25 de septiembre de 2001 (caso P.G. y J.H. contra Reino Unido), «la divulgación a la policía está permitida conforme a un marco legal cuando sea necesaria para la detección y prevención del delito y el material se utilizó en el proceso contra los demandantes por cargos penales para corroborar otras pruebas referidas al período de tiempo de las llamadas telefónicas» (§ 47). Además, no cabe olvidar la prohibición del abuso del derecho contemplada en el art. 17 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, según la cual ninguna de las disposiciones del Convenio puede implicar un derecho a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el Convenio. En atención a todo lo anterior hay que rechazar que, en el presente caso, la intervención telefónica en cuestión haya vulnerado los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) del actor.
7857 Sala Segunda. Sentencia 56/2003, de 24 de marzo de 2003. Recurso de amparo 3087-2000. Promovido por don Domingos de Almeida Cardoso frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial de Córdoba y de un Juzgado de lo Penal, que le condenaron por un delito de amenazas.
Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad personal, al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia: registro de llamadas intervenido con consentimiento de uno de los interlocutores; condena penal fundada en prueba de cargo.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Tomás S. Vives Antón, Presidente, don Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña Elisa Pérez Vera y don Eugeni Gay Montalvo, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3087-2000, promovido por don Domingos de Almeida Cardoso, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Lourdes Cano Ochoa y asistido por la Letrada doña Fuensanta Casado Hierro, contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba de 3 de mayo de 2000, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de dicha ciudad el 16 de marzo de 2000, en el procedimiento abreviado núm. 53/99 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Pozoblanco, seguido por delito de amenazas. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 29 de mayo de 2000, doña Fuensanta Casado Hierro, Abogada de don Domingos de Almeida Cardoso, solicita en su nombre el nombramiento de Procurador del turno de oficio para interponer recurso de amparo contra las resoluciones señaladas en el encabezamiento de esta Sentencia. Tras los trámites procesales pertinentes, por escrito registrado el 30 de noviembre de 2000, la Procuradora de los Tribunales doña María Lourdes Cano Ochoa formaliza la demanda de amparo.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda, sucintamente expuestos, son los siguientes:
a) Como consecuencia de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Alamillo (Ciudad Real) por don Alfonso Torrico Silvestre, manifestando ser víctima de amenazas en las que se le exigía que hiciera entrega de 1.500.000 pesetas a cambio de que no se revelasen sus relaciones con otra persona, se incoaron las diligencias previas núm. 421/99, transformadas posteriormente en el procedimiento abreviado núm. 53/99 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Pozoblanco.
b) Finalizada la instrucción y remitida la causa al órgano de enjuiciamiento, que resultó ser el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Córdoba, éste dictó Sentencia el 16 de marzo de 2000 por la que se condenaba al hoy recurrente y a otra persona, como autores de un delito de amenazas condicionales del art. 171.2 CP, a la pena de un año de prisión para cada uno de ellos.
c) Interpuesto recurso de apelación por los condenados, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba lo desestima por Sentencia de 3 de mayo de 2000.
3. En la demanda de amparo se denuncian como vulneraciones de los derechos fundamentales las siguientes: primera, vulneración del derecho a la intimidad y del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.1 y 3 CE). Se concreta esta vulneración en la falta de autorización judicial para la escucha y registro de determinadas conversaciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil; segunda, vulneración del derecho a la intimidad y del derecho a la inviolabilidad del domicilio (arts. 18.1 y 2 y 24.1 CE). Se concreta la vulneración en la falta de motivación del Auto judicial de entrada y registro; tercera, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso justo, a la inmediación judicial y a la prohibición de indefensión (arts. 14, 24.1 y 2 CE). Se concreta la vulneración en la valoración, en Sentencia, de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; y cuarta, vulneración de la presunción de inocencia, el derecho a la igualdad, a la contradicción, a la inmediación y la prohibición de indefensión. Basado en los mismos artículos que el anterior, se concreta la vulneración en la inexistencia de prueba de cargo en que fundamentar la condena de don Domingos de Almeida Cardoso.
4. Por providencia de la Sección Tercera de este Tribunal, de 26 de febrero de 2001, se acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formulasen las alegaciones que considerasen pertinentes en relación con la eventual carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
5. La Procuradora Sra. Cano Ochoa, mediante escrito registrado el 21 de marzo de 2001, itera de manera más resumida las consideraciones ya expuestas en la demanda de amparo, insistiendo en la concesión del amparo pedido.
[Continúa…]
