El procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán Mendoza, se refirió en entrevista con LP al caso Repsol y a las repercusiones que aún persisten tras el derrame de petróleo de enero de 2022. La conversación tuvo como eje la pregunta planteada en la transmisión: «¿El país olvidó el peor derrame de su historia reciente?».
Respecto al proceso penal, el procurador explicó que el caso Repsol tuvo varios momentos desde el punto de vista procesal. Sobre la investigación culminada, refirió:
La empresa y el Ministerio Público procedieron a llegar a un acuerdo basados en la aplicación del principio de oportunidad que además se aplica a los delitos de contaminación culposa y producto de ello se ha arribado un acuerdo. Ese acuerdo tiene además un componente reparatorio y resarcitorio en el que la Procuraduría Pública ha participado y directamente ha celebrado una serie de transacciones con los involucrados en este evento.
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En relación con las indemnizaciones, Guzmán precisó que por montos indemnizatorios el monto podría superar los 430 millones de soles por el daño ecológico puro. «Lo otro son los daños por rebote, que además tienen que ver con la afectación a las actividades económicas de la población. La empresa ha declarado que ha pagado más de S/680 000 000 a más de 10 800 involucrados» señaló.
Sobre la recuperación ambiental, el procurador advirtió que se trata de un proceso a mediano plazo, pues con con el pasar del tiempo es muy probable que se pueda establecer el hábitat, aunque probablemente puedan tardar para recuperarse a plenitud entre tres o cuatro años. Estableció que existen acuerdos para el monitoreo, que se harán durante todos los años pagados por la empresa involucrada.
Guzmán precisó que, si bien los informes técnicos recientes señalan que el mar peruano ya no presenta hidrocarburos visibles, aún persisten partículas. En ese marco, subrayó que no es posible afirmar con certeza la plena recuperación ambiental:
No podamos tener, digamos, a ciencia cierta cómo va mejorando las condiciones ambientales en este momento. El mar peruano ya no tiene hidrocarburos, lo que puede tener son partículas derivadas de los hidrocarburos que están en un proceso de desintegración.
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Además, mencionó que «no necesariamente uno tiene que llegar a tribunales para obtener acuerdos reparatorios importantes y justos», ya que «no todo es litigio». Respecto a la relación del Estado con Repsol tras el desastre, el procurador descartó una ruptura y resaltó la importancia de los compromisos asumidos por la empresa. Recordó que además de las obligaciones civiles y ambientales, la compañía reconoció un aporte adicional:
Han reconocido por responsabilidad social y ambiental más de 10 millones de dólares, es decir, fuera de las responsabilidades que ya habíamos advertido como la pérdida de fauna silvestre o el impacto en los cuerpos receptores en el mar y todo lo
demás, ellos reconocen esta voluntad de recomponer las relaciones con la población y el Estado peruano. Un monto adicional que va a permitir también reinvertirse en esa zona para mejorar las condiciones ambientales, entonces yo estoy más que seguro que no podríamos hablar de una de una ruptura de relaciones.
De igual manera, destacó que el Estado logró una negociación favorable en términos indemnizatorios, superando sus propios cálculos iniciales. Según dijo, los fondos servirán para labores de remediación y no a las cuentas de las familias, pues Repsol ya había depositado más de S/680 000 000 a más de 10 800 familias afectadas.
En paralelo, el procurador también advirtió que las ganancias obtenidas en la minería ilegal superan con creces a cualquier alternativa legal en la Amazonía. «Una balsa puede producir entre 15 y 100 gramos de oro por día. Si tomamos 10 gramos diarios a un valor de S/450 cada gramo, estamos hablando de S/135 000 al mes», mencionó. Según Guzmán, esa rentabilidad explica la resistencia de las poblaciones a abandonar la actividad, aunque el costo sea la deforestación de entre 150 000 y 200 000 hectáreas por año y la contaminación de los ríos con mercurio, lo que ya afecta la salud de las comunidades.
El problema no se limita a lo ambiental y sanitario, sino que genera un ecosistema delictivo en expansión. Alertó que la minería ilegal «ha llamado la atención de otras actividades criminales», con presencia de grupos armados, extorsionadores e incluso organizaciones extranjeras como el Comando Vermelho. Estas bandas controlan trochas, imponen precios por «protección» y fomentan los siguientes delitos:
Arrastra otra serie de delitos que tienen que ver con la trata de personas. Los campamentos mineros ilegales vienen con otras actividades criminales para proveer este tipo de servicios ilegales, ¿no? Entonces, hay un tema de trata de personas, hay un tema de drogas, hay un tema de sicariato y hay un tema de organizaciones que, entre comillas, deben brindar protección, pero no son otra cosa que una banda de extorsionadores que viven de estas actividades criminales, generando una economía paralela.
El procurador destacó la evolución del rol de la Procuraduría en materia procesal. Señaló que «el desafío de un tiempo a esta parte de los procuradores en los procesos judiciales todos los casos deben ser litigados por la procuraduría. Yo creo que el desafío pasa por entender que hemos variado el modelo de participación del procurador público».
Agregó que este cambio se produjo con «la incursión de una nueva Constitución del Código Procesal Civil donde dicen ‘Oye igualdad de armas entre Estado y cualquier litigante (…)’ eso lleva un cambio de modificación y el decreto legislativo 1068 es el primer avance en la modificación del comportamiento del procurador público».
Finalmente, subrayó que la estrategia procesal debe guiar la labor del Estado en estos casos. En esa línea, sostuvo: «¿El procurador público tiene que impugnar todo?, no, tiene que impugnar lo que efectivamente de acuerdo a su estudio técnico jurídico evalúa que puede lograr corregir un error judicial (…) eso nosotros le denominamos hoy en día litigio estratégico, hay que litigar lo que estratégicamente se debe litigar, uno no litiga por litigar».
Mira la entrevista completa aquí:
