En un hecho sin precedentes a nivel mundial, el Senado de México aprobó el último miércoles 11 la elección directa de sus jueces en el marco de una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La modificación constitucional, criticada enérgicamente por distintos sectores y calificada como una grave afectación a la independencia judicial, fue aprobada con 86 votos a favor y 41 en contra.
Un día después de su aprobación, el dignatario mexicano aseguró que “los jueces, salvo honrosas excepciones […] están al servicio de una minoría depredadora que se ha dedicado a saquear al país”:
Es muy importante acabar con la corrupción y la impunidad. Avanzaremos mucho cuando sea el pueblo de México el que elija libremente a los jueces, a los magistrados, a los jueces […] Los jueces, salvo honrosas excepciones […] están al servicio de una minoría depredadora que se ha dedicado a saquear al país.
La norma entrará en vigor una vez sea publicada en el diario oficial del Gobierno. De acuerdo a López Obrador, esta será oficializada el domingo 15 de septiembre como antesala al Día de la Independencia de México.
Mientras tanto, magistrados de la Suprema Corte de Justicia anunciaron que acudirán a instancias internacionales para impedir que se implemente dicha medida.
En detalle: filtros y requisitos
Más de 1600 jueces federales en ejercicio renunciarán y la mayoría será reemplazada en elecciones programadas para junio del año próximo, según informó France 24.
Las legislaturas estatales tendrán un plazo de 180 días para legislar de manera similar en sus propios sistemas judiciales, lo que resultará en la postulación de unos cinco mil jueces y magistrados estatales, en promedio, en las mismas elecciones que los cargos federales restantes en 2027.
Los aspirantes deberán tener un título en Derecho, un alto promedio académico, cinco años de experiencia profesional como mínimo (aunque no necesariamente como jueces) y presentar una serie de referencias. Estos criterios serán evaluados por comités técnicos de ambas cámaras del Congreso.
Además, la Corte Suprema se reducirá de once a nueve miembros y se acortarán los plazos de sus mandatos. También se establecerá un Tribunal de Disciplina Judicial, compuesto por cinco integrantes, con amplias facultades para investigar e incluso destituir a los jueces.
