En una interesante disertación, Jean Paul Calle, docente de la Universidad de Piura, nos explica en qué consiste la mejora regulatoria, cómo se introdujo en nuestro país y cómo vamos en su implementación.
Cabe indicar que Jean Paul Calle es máster en Regulación por la London School of Economics and Political Science (LSE). Fue también responsable de la elaboración de la Política de Mejora Regulatoria de OSITRAN, así como responsable del seguimiento de la ejecución del plan de trabajo del Comité de Mejora Regulatoria y de la ejecución del acuerdo de asistencia técnica entre OSITRAN y la OECD, para la implementación del RIA en la entidad.
La mejora regulatoria es un concepto novedoso en nuestro medio, que ha generado interés y atención, a propósito de las recomendaciones que ha hecho la OCDE, en un estudio publicado en julio del año pasado. Este estudio es, básicamente, un diagnóstico sobre el estado de nuestras políticas regulatorias, asimismo ha realizado recomendaciones que tiene que seguir el Estado peruano para la mejora de la regulación.Consecuentemente, la regulación tiene que ser mejorada para efectos de poder normar o establecer reglamentaciones óptimamente.
Lea también: Críticas al Reglamento de la Ley de alimentación saludable
La mejora regulatoria implica mejorar la capacidad del Estado en la elaboración de las normas, en su implementación y evaluación. Tiene como finalidad última, mejorar el desempeño del Estado para poder generar un impacto positivo en el bienestar de la ciudadanía, en el bienestar de los usuarios y en la mejora de la competitividad.
Lea también: ¿Regular Uber? Derecho y políticas públicas en la «sharing economy»
Componentes
La mejora regulatoria tiene tres componentes importantes:
Un primer componente tiene que ver con la existencia de una política de Estado. Se debe comprometer al gobierno a respetar una agenda para mejorar la calidad de las normas. Tiene que haber una declaración o ley expresa que obligue a todas sus instancias a involucrarse de manera activa en la mejora de las normativas o de las regulaciones en general.
Un segundo componente tiene que ver con la necesidad de que existan instituciones que se encarguen de supervisar el cumplimiento de esta políticas de calidad regulatoria. Dado lo que se buscar es mejorar la calidad de normas, las entidades públicas deben cumplir esta política.
Un tercer elemento tiene que ver con las herramientas. Una de las más conocidas es el análisis de impacto regulatorio. Esta metodología, utilizada a nivel internacional, tiene como propósito la necesidad de evaluar costo, beneficios e impactos; ya sea en el ámbito social, económico o ambiental.
Lea también: La Autoridad de Transporte Urbano: una oportunidad para pensar en valor público
En el Perú, todavía no tenemos una normativa que obligue a implementar el análisis de impacto regulatorio. Tenemos lo que se conoce como el análisis de calidad regulatorio, que se viene implementando a través del D.L. 1310, dictado a finales del año pasado. Esta disposición obliga a todas las entidades del poder ejecutivo, a hacer un análisis de los procedimientos administrativos vigentes, a fin de determinar qué procedimientos administrativos no son útiles, o resultan onerosos.
Una segunda herramienta que también es bastante importante tiene que ver con la implementación de las regulaciones. Una vez que estas son diseñadas, de acuerdo a ciertos criterios de calidad, el segundo paso es preocuparse por implementar las regulaciones o normativas. Uno de los estándares que se recomiendan para una implementación adecuada, tiene que ver con una fiscalización basada en la gestión y prevención de riesgos, lo que se busca es que las entidades fiscalicen el cumplimiento de las leyes, de manera inteligente y menos costosa. El enfoque de la prevención tiene ese propósito, permitir que las entidades públicas puedan diferenciar, por ejemplo, entre empresas de alto, mediano y bajo riesgo; de tal forma que puedan fiscalizar de manera más intensiva a las empresas de alto riesgo.
Otro aspecto importante que tiene que ver con este enfoque, es el de fiscalizar con el propósito de hacer cumplir las normas. Los fiscalizadores deben implementar herramientas orientadas a la sensibilización, educación, información más que a la sanción o la represión; de tal forma que se pueda conseguir un cumplimiento voluntario por parte de los sujetos fiscalizados.
Lea también: Estas son las 10 leyes más importantes publicadas el 2017
El poder ejecutivo dictó un decreto legislativo que introduce modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Dentro de esas modificaciones, existe un capítulo que concierne a la actividad administrativa de fiscalización. Este capítulo incorpora el enfoque de gestión y prevención de riesgos; y el enfoque de cumplimiento normativo. Consecuentemente, ya es una realidad que tiene que ser implementada en breve por las entidades públicas.
Una tercera herramienta es la evaluación de las normativas y regulaciones. Existe la necesidad de revisar de manera permanente las normas y el estado de los trámites, de tal forma que se pueda determinar qué normas cumplen con su propósito y han alcanzado los objetivos inicialmente trazados, qué regulaciones han resuelto los problemas de políticas públicas que justificaron su existencia. De esta forma se puede determinar si las normas fueron necesarias o no. Si como consecuencia de una evaluación ex post, se determina que hay regulaciones innecesarias o ineficientes, se tiene que procede a su derogación o a su modificación; de tal forma que exista una permanente reedición que ayude a corregir un problema importante que tenemos en el país: la sobrerregulación.
La mejora regulatoria, en conclusión, lo que busca es incrementar los niveles de efectividad de las normas para que se puedan resolver problemas de políticas públicas, problemas reales. El Estado debe utilizar la regulación de modo efectivo. La regulación no debe ser un obstáculo para la generación de empresas y no debe generar sobrecostos al ciudadano. Así se puede aspira a una economía más competitiva, con empresas más productivas. Esto, evidentemente, ayuda a contribuir con el desarrollo social del país.
Como parte de seguir difundiendo este tema tan importante, la Universidad de Piura está próxima a lanzar un programa sobre las herramientas de las mejoras regulatorias. Tiene como propósito complementar el primer programa que se centró en la explicación de análisis de impacto regulatorio. Lo que se busca ahora es explicar, con detalle, otras herramientas de la mejora regulatoria: la fiscalización bajo enfoque de gestión de riesgos, la evaluación ex post regulatoria, cómo se puede mejorar el desempeño de los reguladores; aspectos que apuntan, de manera integral, a mejorar la calidad de la regulación.
