El Poder Judicial retomó, este lunes 16 de diciembre, el juicio oral contra Martín Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo propio. El ex gobernador de Moquegua afronta un proceso por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La Fiscalía solicita una condena de quince años contra el también expresidente.
El juicio inició el lunes 28 de octubre y está a cargo del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CNSJPE), presidida por la jueza Fernanda Ayasta. Además, se realiza de forma presencial. De no haberse presentado, el también expresidente podría haber sido declarado reo contumaz.
Según la tesis fiscal, durante su gestión como gobernador de Moquegua, Vizcarra habría recibido el pago de un S/1 000 000 con el presunto fin de favorecer al consorcio liderado por Obrainsa en la asignación del proyecto Lomas de Ilo. Asimismo, también se le sindica el cobro de S/1 300 000 para otorgar al consorcio liderado por ICCGSA el proyecto Hospital de Moquegua.
Además del exmandatario ―el cual es el único acusado del proceso― también acudirán al juicio, en calidad de terceros civiles responsables, las empresas Incot, Astaldi, Obrainsa e ICCGSA. Durante el proceso se citará a 27 testigos, ocho de parte de la defensa del exgobernador y diecinueve convocados por la Fiscalía.
Asimismo, se presentarán al juzgado seis peritos brindados por el Ministerio Público y la Procuraduría, dos peritos proporcionados por Vizcarra y tres testigos técnicos.
El fiscal Germán Juárez Atoche, representante del MP en el juicio, solicitó 15 años de pena privativa de libertad y 9 años de inhabilitación. A su vez, la Procuraduría pidió S/4.2 millones de reparación civil.
Caso Lomas de Ilo
De acuerdo al relato del colaborador eficaz 10-2018 ―publicado en un informe de El Comercio―, durante el 4 y 5 de noviembre del 2013, Elard Tejeda ―gerente general de Obrainsa― y Martín Vizcarra ―presidente del Gobierno Regional de Moquegua en ese momento― se reunieron en las oficinas de la mencionada empresa.
La reunión habría sucedido en el contexto de la convocatoria, a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), de la línea de conducción 1 Jaguay-Lomas de Ilo y el sistema de riego, 1 etapa del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo.
Según la versión del testigo, Vizcarra le indicó a Tejeda que para dicho proyecto el Gobierno Regional de Moquegua «tenía un presupuesto de S/90 000 000». Sin embargo, el exgobernador, ante la propuesta presentada por Obrainsa-Astaldi de S/86 454 818.06, habría señalado que era «indispensable que presenten una nueva propuesta que no debía exceder los S/81 000 000».
El 7 de noviembre, el consorcio presentó una propuesta de S/80 981.137,34 y, el 25 de noviembre, la Unops les informó que ganaron la buena pro.
No obstante, el testigo también afirmó que Vizcarra solicitó el pago del «2% del costo directo de la obra». El primer pago se habría realizado a través de un préstamo de S/400 000, realizado por Obrainsa al consorcio, y fue girado a nombre de Tobías Puerta Gutiérrez, conserje de la empresa.
El 27 o 28 enero del 2014, en una reunión en la que habrían participado Martín Vizcarra, Elard Tejeda, Giacomo Orsatti y César Bayro Orellana, se habría entregado el dinero efectivo dentro de un sobre manila al gobernador regional. Luego, el 4 de abril del 2014, mediante una nueva solicitud de fondos a Obrainsa, se emitió el cheque restante por S/600 000.
Caso Hospital de Moquegua
El caso del hospital de Moquegua involucraría al expresidente, a la empresa ICCGSA y al exministro de Agricultura José Hernández Calderón. Según el colaborador 01-2020, Hernández fue el encargado de intermediar entre el por entonces gobernador regional de Moquegua y Rafael Granados, gerente comercial de la empresa.
Hernández habría sido, relató el testigo, el encargado de comentarle a Granados que «Vizcarra estaba pidiendo un dinero para él». Ello ante la oferta de ICCGSA ―asociada con Incot― en torno a la licitación del proyecto del hospital de Moquegua.
La cifra presuntamente solicitada fue de S/1 300 000 y las entregas habrían ocurrido entre el 2014 y 2015. El testimonio afirmó que Hernández fue citado a la oficina de Granados para llevar «un paquete a Vizcarra», para lo cual el funcionario habría pedido a su chofer, Carlos Aranda Huamán, que entregue el paquete a la casa del también expresidente.
Esta modalidad de entrega de dinero habría ocurrido en tres oportunidades más. Los montos fueron entregados a Vizcarra, según indicó el colaborador, de forma directa en la oficina del directorio del primer piso de la empresa ATA, en Lince.
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