En medio de la crisis, una de la primeras medidas de la gestión del flamante presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Prado Saldarriaga, fue encargar a los magistrados supremos la visita a las distintas cortes superiores del país con el objeto de fiscalizarlas.
Como se recuerda, en una entrevista concedida al periodista Jaime de Althaus, el doctor Víctor Prado dijo que lo que hemos visto en el Callao se repite en varios distritos judiciales. «Son alrededor de 14, pero, por razones tácticas y de reserva, no puedo anunciar cuáles son», sentenció el magistrado.
Con arreglo a esa voluntad política, el pasado 11 de agosto se publicó en el diario oficial El Peruano la R.A. N° 254-2018-CE-PJ, de fecha 8 de agosto de 2018, en la que se aprueba el “Protocolo de Gestión y Actuación para las Visitas de los señores Jueces Supremos a las Cortes Superiores de Justicia del País”. En dicha resolución se encomienda a los magistrados supremos visitar determinada corte superior a efectos de monitorear su trabajo. En ese sentido, los jueces supremos deberán realizar las siguientes acciones:
1) Revisar la gestión administrativa de cada Corte Superior de Justicia; así como realizar la correspondiente auditoría, con el fin de verificar la legalidad y eficiencia de las contrataciones del Estado; así como la idoneidad y necesidad de contratación de personal jurisdiccional y administrativo, y de confianza.
2) Revisar, cuantificar y evaluar las quejas y los procedimientos disciplinarios en curso, concluidos y archivados, respecto de los jueces y trabajadores, con el fin de evaluar la legalidad y celeridad de las acciones realizadas por las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura.
3) Revisar la designación, la carga procesal (cantidad y naturaleza) y el historial de la hoja de vida de cada juez titular, provisional y supernumerario.
4) Tomar conocimiento, de manera directa, de los reclamos urgentes de la ciudadanía, respecto del sistema judicial, con el fin de emitir decisiones en el mismo lugar, buscando solucionar inmediatamente dichos reclamos; así como acopiar información para elaborar una línea de trabajo, a mediano y largo plazo; y,
5) Determinar las medidas de acción, con el fin de conseguir los objetivos propuestos y realizarlos inmediatamente.
Llama la atención, sin embargo, que se encargue este trabajo a algunos magistrados supremos cuya idoneidad está justamente cuestionada por la sociedad civil. Es el caso, solo por poner un ejemplo, del doctor Martín Hurtado Reyes, quien aparece en lamentables conversaciones con el suspendido juez César Hinostroza. En dicha conversación, en un tono bastante amical, el magistrado Hurtado Reyes decía que no necesitaba el apoyo de un juez supremo para alcanzar una plaza en la Corte Suprema porque ya tenía amigos para ello, como el exconsejero Guido Aguila, a quien según sus palabras visitaba «a cada rato».
Según la resolución a Hurtado Reyes le tocará fiscalizar a la Corte Superior de Justicia de Loreto. No dudamos de las buenas intenciones de una persona intachable como el doctor Víctor Prado Saldarriaga, pero si lo que hemos visto en el Callao se repite en varios distritos judiciales, habría que preguntarnos en cuántas cortes superiores se repite lo que hemos visto en la Corte Suprema.
A continuación les mostramos las cortes que visitarán los magistrados los próximos días.
