Compartimos con ustedes el «Manual sobre Derechos Humanos y prueba en el proceso penal», elaborado por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Mexico.
A continuación les dejamos la presentación. Al final del post econtrarán el link de descarga.
Presentación
En los últimos diez años, el derecho en nuestro país ha atravesado una verdadera revolución. La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a un nuevo paradigma a partir del cual el lenguaje del derecho se ha transformado. En esta década se amplió el parámetro de regularidad constitucional, se consignaron herramientas interpretativas novedosas, se estableció la vinculatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recientemente se afirmó la obligación de las y los jueces federales de realizar un control oficioso de convencionalidad de todas las normas sujetas a su conocimiento, entre muchos otros desarrollos.
A pesar de estos cambios dramáticos en nuestro sistema, el modelo de formación y capacitación de personal jurisdiccional y los materiales de apoyo se habían mantenido estáticos y no evolucionaron a la par. Por ello, desde el inicio de mi gestión como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal plantee la necesidad de consolidar un nuevo perfil de las personas juzgadoras, sustentado en la formación de las competencias y habilidades propias del nuevo paradigma constitucional.
En ese contexto, y teniendo en mente las necesidades formativas de nuestros operadores de justicia, la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte y la Escuela Federal de Formación Judicial diseñaron el proyecto editorial Manuales de Actuación, dirigido especialmente al personal jurisdiccional. Los Manuales buscan ser verdaderas herramientas didácticas que, por un lado, faciliten la resolución de los casos a la luz de los estándares más actualizados en derechos humanos, y por el otro, contribuyan a la formación especializada en temas esenciales para la impartición de justicia.
Así, los Manuales abordan temas que han sido poco explorados en la formación de las y los impartidores de justicia, aun cuando resultan trascendentales para su labor. Algunos Manuales desarrollan conocimientos transversales a la función jurisdiccional, con independencia de la materia. Otros buscan profundizar sobre temas específicos en diversas materias como penal, civil o laboral.
Cada Manual es coordinado académicamente por una persona experta en el tema. Por su parte, los capítulos son escritos por personas nacionales e internacionales que fueron cuidadosamente elegidas a partir de su formación y experiencia. El eje rector, en todo momento, ha sido fortalecer la impartición de justicia con herramientas pedagógicas accesibles, y claras, en línea con nuestra visión de una nueva formación judicial.
En ese contexto, me complace presentar el Manual sobre derechos humanos y prueba en el proceso penal que tiene en sus manos. Como lo indica su título, el Manual desarrolla y analiza el impacto de los derechos humanos del debido proceso en el campo del derecho procesal y probatorio.
A raíz de la reforma constitucional en materia penal del 2008, el artículo 20 establece los principios de un renovado sistema penal acusatorio, basado en los principios de presunción de inocencia, debido proceso y tutela judicial efectiva. En esencia, el nuevo sistema busca superar el viejo sofisma de que la eficacia en la persecución de los delitos es incompatible con el debido proceso, pues el respeto de tales principios es la única vía democrática para acceder a una justicia real y no simulada.
En este contexto, el debido proceso, la presunción de inocencia, y el derecho a una tutela judicial efectiva, son conquistas que nos defienden de la arbitrariedad.
En tal sentido, la labor que realizan las y los operadores de justicia es fundamental para garantizar que la persecución de los delitos se realice exclusivamente con apego a tales principios.
Así, la interpretación y aplicación de las normas penales deben dejar atrás un esquema arbitrario y opaco, y avanzar hacia procesos más claros e imparciales, que nos aseguren que la persona culpable de un delito será sancionada conforme a reglas más justas, sin recurrir a la fabricación de culpables, el uso indiscriminado de la prisión preventiva o la tortura. Para contribuir a esta importante tarea publicamos el Manual sobre derechos humanos y prueba en el proceso penal.
Los diversos capítulos que componen el Manual buscan responder a una interrogante común: ¿cómo garantizar una impartición de justicia penal con perspectiva de derechos humanos? A lo largo de los distintos capítulos el Manual responde esta pregunta desde un enfoque teórico y práctico, considerando los derechos de las personas imputadas y de las víctimas en el proceso penal.
De manera particular, se analizan los problemas que surgen en el derecho procesal y probatorio al hacer efectivas las garantías de debido proceso. Lo anterior, partiendo de la interpretación constitucional y convencional que han realizado tribunales internacionales, altas cortes de justicia de la región, y la Suprema Corte mexicana.
Con esa base, el Manual explora problemas específicos como la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, estereotipos de género en la valoración de la prueba, la responsabilidad de los tribunales en el uso de ciencia forense, la psicología del testimonio y la prisión preventiva en México, entre otros. De esa manera, el texto ofrece respuestas concretas y puntuales a problemas reales, sin sacrificar el rigor metodológico ni la presentación de las fuentes más relevantes.
La defensa de los derechos humanos no es un obstáculo para la persecución de los delitos. El reto y la apuesta de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia es combatir la impunidad a través del paradigma de los derechos y del constitucionalismo. Con la publicación de este Manual ponemos en manos de las y los operadores de justicia penal una fuente de consulta efectiva y accesible para facilitar su labor, con las herramientas del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una tutela judicial efectiva.
De esa manera, la Suprema Corte contribuye a la formación de juezas y jueces mejor capacitados para enfrentar los retos de sistema penal, y con ello, a hacer realidad la promesa de una verdadera justicia penal: una que responda al delito y a la impunidad con las armas del Estado de Derecho.
Ministro Arturo Zaldívar
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y del Consejo de Judicatura Federal
